Lo impensable nunca sucede hasta que, finalmente, acaba pasando. El problema de la vivienda en España, siendo muy grave, tan sólo empeorará a corto y medio plazo. Si alguien piensa que el Gobierno rectificará sus nefastas políticas en materia inmobiliaria, más vale que vaya perdiendo toda esperanza, dado que, lejos de dar marcha atrás, las intensificará. Y, como nada dará resultado, lo más probable es que siga buscando chivos expiatorios a los que culpar de la situación, al tiempo que acelera su huida hacia adelante.
Por el momento, Sánchez ha anunciado un nuevo cheque para inquilinos, bajo el título de Bono Joven, que no servirá de nada. El Estado repartirá 200 millones de euros a los jóvenes menores de 35 años que quieran alquilar una casa. En concreto, 250 euros al mes durante dos años. No es nuevo. Esto ya se puso en marcha en 2022 y no funcionó.
En primer lugar, porque supone un nuevo incentivo para aumentar la demanda y el problema aquí no es de demanda, sino de falta de oferta. Y, en segundo término, porque hasta el 80% de esta ayuda es captada por el casero, dado que muchos aprovecharán este particular cheque para actualizar al alza la renta de sus inquilinos. Así pues, lo comido por lo servido. Poco o nada se ahorrarán los jóvenes agraciados.
Todo ello sin contar que la subvención en cuestión apenas llegará a unos 50.000 jóvenes al año, dado que se destinará a rentas bajas y alquileres baratos, excluyendo así tanto a la mayoría de inquilinos como de arrendamientos urbanos. Y como no servirá de nada, a continuación seguirán proponiendo más medidas absurdas y contraproducentes.
Primero, atarán en corto a las viviendas turísticas y de temporada, junto al alquiler de habitaciones, con nuevos registros y condiciones que actuarán como barrera de entrada a fin de dificultar su comercialización. Ingenuamente, piensan que, de este modo, parte de esas viviendas se destinará al alquiler de larga duración, pero eso no pasará, ya que la indefensión que sufre el propietario sigue aumentando. Los únicos que saldrán beneficiados de la nueva guerra contra los pisos turísticos serán los hoteles al quitarse competencia de encima. El resto, por el contrario, perderán, tanto propietarios como turistas, dañando de paso al principal motor económico del país.
Asimismo, intentarán imponer a nivel nacional el control de precios que establece la Ley de Vivienda, pese a que se trata de una competencia autonómica, reduciendo con ello la oferta. Después, es muy posible que apliquen restricciones a la inversión, impidiendo la construcción o compra de inmuebles que no se destinen a finalidad residencial, lo cual, sin duda, reducirá aún más la oferta. Y también amenazarán con más impuestos e incluso la expropiación de uso a los dueños de pisos vacíos para obligarles a ponerlos en alquiler.
Por último, no es descartable que se vuelva a implantar la renta antigua que en su día aprobó Franco. Es decir, el contrato de alquiler indefinido y con renta congelada, inferior a la inflación, lo cual supondría una confiscación masiva de inmuebles por parte del Estado a sus legítimos propietarios, ya sean empresas o particulares. Esta medida, tal y como ya sucedió en el pasado, conllevaría la desaparición del mercado del alquiler en España.
Imposible, dirán algunos. Sin embargo, y puesto que el alquiler se pondrá cada vez peor, es cuestión de tiempo que el populismo existente se acabe imponiendo mediante la puesta en marcha de políticas mucho más radicales y destructivas. Es lo que tiene la ceguera ideológica. Cuando se aplica la ideología errónea, los resultados son, sencillamente, desastrosos.
