Siete años después de que CaixaBank y Banco Sabadell trasladaran sus sedes fuera de Cataluña a Valencia y Alicante, respectivamente, tras la primera declaración de independencia en octubre de 2017, Junts ha ajustado cuentas con las entidades bancarias. En la reinterpretación de esos eventos, el independentismo sostiene que figuras claves de poder en España influyeron en el traslado de sedes, percibiéndolo como una traición de los directivos bancarios a Cataluña.
El cambio de sede se llevó a cabo en un contexto de alta tensión económica y social, ya que, en caso de independencia, los bancos querían evitar quedar fuera de la zona euro y contener una salida masiva de depósitos. Esta decisión no fue unánime y generó divisiones internas. Directivos como Isidro Fainé y Josep Oliu apoyaron el traslado de las sedes, mientras que otros, como Jaume Giró, expresaron su desacuerdo. Giró, que en ese momento era subdirector general de CaixaBank, hoy forma parte de una corriente de Junts.
Desde hace varias semanas, los bancos y empresas energéticas han buscado evitar que los impuestos a sus sectores se hagan permanentes. Para ello, han ejercido presión a través de los medios y de alianzas con las patronales vasca y catalana. Junts y el PNV han participado activamente en esta presión, utilizando su influencia para negociar condiciones que limiten la carga impositiva que afecta a los grandes sectores financieros y energéticos.
Junts logró mantener el recargo a los bancos en el Congreso de los Diputados, lo que sus miembros consideran un triunfo, interpretado como una suerte de “ajuste de cuentas” con las entidades que movieron sus sedes tras la declaración de independencia de 2017. Puigdemont y Nogueras celebraron la decisión, aunque este impuesto podría impactar a sus propios votantes, quienes asumirían los costos de posibles comisiones bancarias más altas, consecuencia directa del impuesto que ellos mismos han impulsado en su política fiscal.
