Mientras el expresidente Donald Trump y varios de sus aliados siguen alimentando teorías de fraude electoral en las elecciones de 2020, una paradoja se cierne sobre su discurso: su exabogado personal, Rudy Giuliani, y su exjefe de personal en la Casa Blanca, Mark Meadows, enfrentan cargos de conspiración y falsificación de documentos en un caso de manipulación electoral en Arizona, estado clave en aquella contienda.
En esta acusación, Giuliani, Meadows y otras 14 personas son señaladas de haber falsificado documentos y conspirado para alterar los resultados de los comicios presidenciales de 2020 en los que Trump perdió ante Joe Biden. Entre los acusados figuran figuras destacadas del Partido Republicano, que presuntamente certificaron 10 de los 11 votos electorales de Arizona en favor de Trump, alegando que este había ganado de forma legítima.
El caso ha tomado especial relevancia en Arizona, donde Kari Lake, una aliada cercana de Trump y actual candidata al Senado, sostiene sin pruebas la narrativa del «fraude electoral» y promueve dudas sobre los resultados de futuras elecciones, lo que añade tensión a la ya polarizada atmósfera política. Lake se ha convertido en una de las principales portavoces de lo que se ha denominado “la gran mentira”, insistiendo en que Biden obtuvo la victoria de manera fraudulenta en 2020. A su vez, denuncia irregularidades en su derrota en las elecciones de 2022 para la gobernación de Arizona, en las que perdió ante la demócrata Katie Hobbs.
Los primeros acuerdos de culpabilidad
Entre los acusados, dos han aceptado acuerdos de culpabilidad: Jenna Ellis, exabogada de la campaña de Trump y colaboradora de Giuliani, y Loraine Pellegrino, quien ejercía como electora. Ellis ha accedido a cooperar con los fiscales a cambio de la retirada de los cargos en su contra. Este movimiento ha sido interpretado como un indicio de la solidez de la acusación y el alcance de la investigación, que podría derivar en más acuerdos y revelaciones comprometiendo aún más a las figuras del círculo cercano de Trump.
El caso de Arizona ha expuesto la ironía de que algunos de los más fervientes denunciantes de fraude electoral ahora enfrenten cargos por intentar manipular los resultados en favor de Trump. Alfredo Gutiérrez, líder latino y exsenador estatal de Arizona, califica esta situación de «hipocresía» y expresa su preocupación por el impacto que esta narrativa está teniendo en los votantes. «Es irónico escuchar una y otra vez sobre fraude electoral por parte de republicanos, mientras que son ellos mismos quienes enfrentan un juicio en Arizona y otros estados por tratar de manipular y mentir sobre el resultado de las elecciones de 2020», declaró Gutiérrez a EFE.
Gutiérrez y otros analistas advierten que la insistencia en teorías sin fundamento podría tener repercusiones graves. En sus palabras, estas narrativas buscan manipular a los votantes y podrían desencadenar actos de violencia si los resultados de las próximas elecciones no favorecen a Trump. Este clima de tensión se hace palpable en Arizona, donde el Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa ha implementado un plan de seguridad para el día de las elecciones, aunque no se han dado detalles específicos. En 2020, ya hubo reportes de personas armadas a las afueras de los centros de conteo, y las amenazas hacia funcionarios fueron recurrentes.
El uso de la retórica para movilizar a los votantes
Trump, Lake y otros líderes republicanos han intensificado su retórica de fraude electoral y apuntan también al tema migratorio como una presunta estrategia de los demócratas para influir en las elecciones. En discursos recientes, han asegurado sin pruebas que «millones» de migrantes estarían ingresando al país ilegalmente para votar en los comicios, un argumento que los analistas consideran incendiario y carente de evidencia.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, advirtió en un comunicado a EFE que cualquier intento de interferir con el proceso electoral en el estado será tratado con la mayor severidad. Mayes insistió en que “no se tolerarán” acciones que busquen socavar la integridad de las elecciones.
La situación en Arizona no es un caso aislado: es uno de cinco estados en los que se han presentado cargos contra partidarios de Trump por intentar revertir los resultados electorales. Este ambiente de desconfianza hacia el sistema electoral ha generado un clima de inseguridad entre los funcionarios y trabajadores de los departamentos de elecciones. De hecho, esta semana un hombre en Colorado, Teak Ty Brockbank, se declaró culpable de haber amenazado en 2021 a funcionarios electorales demócratas, incluyendo a la actual gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, cuando esta ejercía como Secretaria de Estado.
Los analistas temen que la atmósfera de sospecha y acusaciones infundadas pueda intensificarse conforme se acerquen los próximos comicios, avivando la posibilidad de violencia si Trump no obtiene el resultado esperado.
La estrategia de Trump y sus aliados para mantener viva la narrativa del fraude electoral plantea una peligrosa paradoja , mientras promueven desconfianza en el sistema democrático, figuras clave de su propio entorno enfrentan cargos por intentar manipular los resultados de 2020. Este contexto pone a prueba la resistencia del sistema democrático y subraya la importancia de que el proceso electoral sea justo, transparente y protegido de la manipulación política.
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