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Si se confirma el colapso del sistema de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), provocado por la no concurrencia de aseguradoras al nuevo concierto, podría suponer un impacto económico superior a los 1.000 millones de euros en la sanidad pública, según los cálculos de la patronal de la sanidad privada, al tener que absorber a los mutualistas; al mismo tiempo, también impactaría en el bolsillo de los funcionarios que hasta ahora se han estado beneficiando de este tipo de asistencia en el caso de optar por contratar un seguro privado por su cuenta.
Muface, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, está compuesto por unos servicios centrales y 52 direcciones provinciales y oficinas delegadas de atención al colectivo y proporciona prestaciones sociales y asistencia sanitaria a los funcionarios del Estado.
Hasta ahora, la media anual de lo que les venía costando a estos funcionarios este tipo de cobertura ha sido 478 euros, que pagaban mediante unas cotizaciones en función del grupo al que pertenecían. Sin embargo, la prima de los seguros de salud privados es fija teniendo en cuenta los factores de riesgo del asegurado. Un informe de Roams Insurtech estima que, de media, los funcionarios tendrían que pagar alrededor de 750 euros anuales más por disponer de una cobertura como la que ofrece Muface hasta ahora.
El gobierno eliminará la exención fiscal a los seguros privados
Hacienda asume buena parte del paquete de propuestas tributarias que Sumar puso sobre la mesa de la negociación de los Presupuestos de 2025, y eliminará la exención fiscal de los seguros privados, a los que se empezará a aplicar el impuesto sobre primas de seguro (IPS).
El sector ya reconoce que trasladará el impacto del impuesto a sus usuarios. «Esto va a provocar el encarecimiento de los seguros», revelan fuentes empresariales. El acuerdo firmado ayer por los socios de coalición defiende que la exención de la que disfrutan los seguros privados «tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta». «Pagarán más quienes más tienen», dijo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Sin embargo, es un extremo que las propias aseguradoras rechazan. «No entendemos que se esté hablando de rentas altas, cuando el 30% de la población en España tiene un seguro privado», defienden. En la misma línea, Unespa ha recordado en un comunicado que «uno de cada cuatro ciudadanos decide voluntariamente contratar esta protección. Se trata de personas de muy diversos perfiles socioeconómicos que no consumen servicios sanitarios públicos o lo hacen de una manera mucho más reducida», defiende la patronal.
