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El defensor del pueblo es órgano consultivo que se encarga de supervisar la actuación de las administraciones públicas y defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su función es garantizar el respeto de los derechos consagrados en el Título I de la Constitución
El Defensor del Pueblo se elige por el Congreso de los Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura cinco años y no está adscrito funcional ni jerárquicamente a ninguna institución . Desempeñando sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su propio criterio. Gozando de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.
No obstante, se trata de una figura desconocida y de la cual su labor poco o nada se conoce. Apenas tiene ruido mediático y la impresión general en la ciudadanía es de desconocimiento o de órgano de «adorno».
Aumento de las quejas ante el defensor del pueblo.
El Defensor del Pueblo recibió 35.603 quejas de la ciudadanía en 2023, un 13,2% más que en 2022, la mayoría relacionadas con el deficiente funcionamiento de servicios, como la justicia, la Seguridad Social y la sanidad, y a la saturación de la atención al ciudadano por parte de las administraciones.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el Informe anual de la institución relativo a 2023. Se reflejan los problemas derivados de la cita previa con las administraciones y se pone el foco en que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial, particularmente para quienes no son nativos digitales o tienen dificultades para utilizar la tecnología.
Quejas focalizadas en Justicia y Seguridad social.
Los asuntos que protagonizaron las quejas ciudadanas afectaban principalmente a la administración de la justicia (el 12%), la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad.
Las más de 35.000 quejas cursadas el Defensor dieron lugar a 2.366 resoluciones para distintas AAPP: 668 recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y 3 advertencias.
Se trata de resoluciones no vinculantes aunque útiles para informar respecto de la actuación indebida de las AAPP. Además está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad.
