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23 Nov 2024
23 Nov 2024
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Manos Limpias amplía su denuncia contra Begoña Gómez

El pseudosindicato considera que Begoña Gómez puede “aprovechar sus contactos internacionales” para obstaculizar la instrucción del procedimiento y “destruir pruebas”
Begoña Gómez en un acto vinculado a su master dela UCM | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Begoña Gómez en un acto vinculado a su master dela UCM | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

En el escrito, Miguel Bernad incide en que en los contratos otorgados por Red.es, el organismo público adscrito al Ministerio para la Transformación Digital «se exigían certificados de administraciones públicas para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras». Y recalca que los certificados «los emite el órgano pagador, y nunca el cobrador», como es el caso -afirma- de Begoña Gómez, en referencia a que «su máster fue costeado por Carlos Barrabés».

La ampliación de la denuncia hace hincapié en que la Administración del Estado «no admite recomendaciones en sus contratos», algo que según defiende sí ocurrió en el caso de Gómez respecto a Barrabés, que resultó adjudicatario de sendos contratos, a los que concurría a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas) por valor de diez millones de euros.

Manos Limpias ve necesaria la retirada del pasaporte porque aunque ve «imposible» el riesgo de fuga «puesto que es la esposa del presidente del Gobierno», sí cree que podría «aprovechar sus contactos internacionales para obstaculizar e incluso destruir pruebas«.

Citados a declarar

Entre la batería de diligencias solicitadas por Manos Limpias en su denuncia inicial, el juez ha acordado citar a declarar mañana como testigos a representantes de dos medios digitales, El Confidencial y ESdiario que publicaron las informaciones sobre las actividades empresariales de la mujer del presidente.

Manos Limpias también ha incluido en su denuncia reciente como supuestos cooperadores necesarios a los empresarios Carlos Barrabés, Víctor de Aldama -imputado en la «trama Koldo»- y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, con quien se habría reunido mientras se negociaba el rescate de Air Europa con más de 600 millones de dinero público.

Además, solicitó al juez Peinado que reclamase a Moncloa los teléfonos de Gómez y ordenase a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examine la «lista de llamadas» «para verificar sus comunicaciones con miembros del Gobierno marroquí», la SEPI, Air Europa y los tres empresarios citados. Asimismo, instó al magistrados a esclarecer «el listado de entidades privadas y públicas» con las que la esposa del presidente del Gobierno ha tenido relación a través de IE África Center, del que «es directora».

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