Imagen: Daniel Ortega y Rosario Murillo, «copresidentes» de Nicaragua-AFP
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso el miércoles una reforma constitucional que haría que él y su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo, fueran “copresidentes” de la nación centroamericana. Además, con la modificación constitucional se establece que, en caso de que fallezca uno de los copresidentes, el otro asume el cargo. Así, se garantiza la sucesión dinástica, proyectando al hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, como su sucesor.
Aunque la iniciativa debe pasar por el poder legislativo del país, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, al que pertenecen Ortega y Murillo, controla el Congreso y todas las instituciones gubernamentales, por lo que no se duda que será aprobada.
La propuesta también busca ampliar el mandato presidencial a seis años, en lugar de los cinco establecidos en la legislación actual. Ortega, además, presentó otro proyecto de ley que haría ilegal aplicar las sanciones impuestas por Estados Unidos u otros organismos extranjeros dentro del territorio nicaragüense.
Otro cambio trascendental es la eliminación de la separación de poderes, fundamento de cualquier sistema democrático. El artículo 132 reformado expresa: “La presidencia de la República dirige al Gobierno y como jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”.
La OEA condena la propuesta
La oficina del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó las reformas constitucionales propuestas por el presidente nicaragüense. “El documento de la ‘reforma’ es ilegítimo en la forma y el contenido, constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de derecho democrático”, dijo en un comunicado.
Las propuestas se hicieron en un contexto de continua represión por parte del gobierno de Ortega desde las protestas sociales multitudinarias de 2018. El gobierno de Nicaragua ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y algunos se han visto obligados a exiliarse, despojando a cientos de su ciudadanía nicaragüense.
Grupos disidentes, entre los que destaca la Alianza Universitaria Nicaragüense, rápidamente se pronunciaron en contra de las medidas, a las que consideraron una extensión de esa represión. “Institucionalizan el nepotismo y la represión, destruyendo el Estado de derecho. La democracia enfrenta su mayor amenaza”, escribió la organización en su cuenta de la red social X el miércoles.
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha modificado en doce ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo. Ortega, de 79 años, lleva cuatro mandatos presidenciales consecutivos además de otro período anterior entre 1985 y 1990.
