El conflicto se originó a raíz de los comentarios de Robles durante la presentación de un libro, en los que hizo referencia a los miles de venezolanos que han salido del país debido a la situación política. Además, mencionó al opositor venezolano Edmundo González, recientemente asilado en España, como un ejemplo del deterioro democrático en Venezuela.
La ministra de Defensa española, Margarita Robles, se refirió al gobierno de Nicolás Maduro como una «dictadura». Este comentario desató una serie de respuestas por parte del gobierno venezolano, que ha expresado su molestia ante lo que considera una intromisión en sus asuntos internos.
Estas palabras fueron interpretadas por el gobierno de Maduro como «insolentes, injerencistas y groseras», lo que llevó a la convocatoria del embajador español en Caracas, Ramón Santos, a una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil.
Durante este encuentro, Gil dejó en claro la postura del gobierno venezolano que les advirtió que no permitirían ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España en asuntos que son de competencia exclusiva de los venezolanos y venezolanas. Además, advirtió que Venezuela tomaría «las medidas necesarias para proteger su soberanía».
Por su parte, el gobierno español ha mantenido una postura moderada ante la situación. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió la soberanía de cada Estado para convocar a embajadores o llamar a consultas, pero al mismo tiempo subrayó la importancia de las relaciones bilaterales entre España y Venezuela. Sin embargo, la defensa de Robles y su llamado a que se publiquen los resultados electorales en Venezuela deja claro la postura oficial española, que ha criticado en múltiples ocasiones la falta de transparencia en los procesos electorales venezolanos.
A pesar de estos esfuerzos por contener el conflicto, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, anunció que prepararía una solicitud al presidente Maduro para romper todas las relaciones diplomáticas y comerciales con España, en respuesta a la resolución no vinculante del Congreso de los Diputados español, que reconoció a Edmundo González como “presidente electo” y solicitó al gobierno español hacer lo mismo.
Intereses económicos entre ambos países
A pesar del deterioro político, las relaciones comerciales entre Venezuela y España han continuado con un dinamismo notable. España es el tercer mayor cliente de los hidrocarburos venezolanos, y empresas como Repsol mantienen acuerdos con la estatal venezolana Pdvsa para aumentar la producción conjunta de petróleo. Estas operaciones han sido posibles gracias a las licencias otorgadas por Estados Unidos, que permiten a las empresas operar en Venezuela a pesar de las sanciones impuestas por Washington.
Además de Repsol, alrededor de 60 empresas españolas operan en Venezuela en sectores clave como el transporte, la banca y las telecomunicaciones. Compañías como BBVA, Telefónica e Inditex tienen una presencia en el país. La aerolínea Iberia y otras compañías también han mantenido una frecuencia constante en los vuelos entre Madrid y Caracas, reforzando la conexión entre Europa y Venezuela.
En términos comerciales, las cifras reflejan un crecimiento continuo. En junio de 2024, España exportó a Venezuela mercancías por valor de 20,3 millones de dólares, mientras que Venezuela vendió a España productos, principalmente hidrocarburos, por un valor de 188,61 millones de dólares. Estos intercambios económicos, aunque importantes, podrían verse amenazados si el conflicto diplomático escala.
