Imagen: EFE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha adoptado un enfoque más firme en política migratoria, alineándose con la creciente tendencia de varios países comunitarios que refuerzan sus posturas. Bruselas ahora explora la posibilidad de establecer centros de deportación fuera de la UE, una medida inspirada en el reciente modelo impulsado por Italia en Albania, con el objetivo de enviar allí a migrantes en situación irregular.
Además, la Comisión está preparando una reforma para endurecer las regulaciones sobre deportaciones, como lo detalla Von der Leyen en una carta dirigida a los líderes de los Estados miembros, en vísperas de una cumbre europea donde el tema migratorio será central.
Centros de deportación fuera de la UE
En su carta, la presidenta sugiere seguir explorando el desarrollo de centros de retorno ubicados fuera del territorio de la Unión Europea. Esta propuesta ha ganado tracción entre varios Estados miembros, encabezados por Dinamarca, que abogan por soluciones innovadoras para abordar la inmigración irregular. Un ejemplo es el centro de deportación en Albania, gestionado por personal italiano bajo las normativas italianas, que el gobierno de Giorgia Meloni ha puesto en marcha recientemente.
El Partido Popular Europeo (PPE) respaldó estas medidas en su programa para las elecciones europeas de junio, e incluso promovió una versión más dura inspirada en el «modelo Ruanda» del Reino Unido. Este enfoque contempla la deportación de migrantes en situación irregular a países extracomunitarios, como Ruanda, antes de que se resuelvan sus solicitudes de asilo. La medida ha sido duramente criticada por organismos como el Consejo de Europa.
Reformas migratorias y la necesidad de cooperación
La mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, Francia y Alemania, insisten en la necesidad de endurecer las normas sobre deportaciones y acelerar la implementación del Pacto Migratorio Europeo. Este acuerdo incluye el reparto de solicitantes de asilo entre los países de la UE y una contribución de 20.000 euros por cada refugiado rechazado. Von der Leyen destaca que se trata de «soluciones europeas para un desafío europeo».
Controversias y denuncias de organizaciones humanitarias
A pesar de la disposición de Bruselas a legislar para crear estos centros de deportación, el principal obstáculo sigue siendo encontrar países dispuestos a acogerlos. Algunos Estados presionan a los países de los Balcanes, candidatos a ingresar en la UE, para que acepten estos centros, pero hasta ahora han mostrado resistencia. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han denunciado estas instalaciones, señalando que en algunos países con acuerdos migratorios con la UE, como Turquía, se han reportado violaciones a los derechos humanos en centros financiados con fondos europeos.
