Diez alcaldes venezolanos amanecieron este jueves con la noticia de su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años. Esta sanción, dictada por la Contraloría General de la República y ejecutada de inmediato por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se da casi de manera simultánea al respaldo público que estos alcaldes ofrecieron al candidato de consenso de la oposición, Edmundo González Urrutia, en sus recientes giras.
Los alcaldes inhabilitados son Heriberto Tapia, José Carrillo, Dilcia Rojas, Keiver Peña, Servando Godoy, Wilmer Delgado, Yohanthi Domínguez y Francisco Aguilar, todos del estado Trujillo, en los Andes venezolanos. Además, Iraima Vásquez y José María Fermín, de la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, también quedaron vetados. Todos pertenecen a partidos opositores al chavismo.
En la página web del CNE, aparece una inscripción que señala que cada uno de estos alcaldes «presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional vigente». En protesta, algunos han salido a sus redes sociales para denunciar la situación, como es el caso del alcalde Heriberto Tapia del municipio Motatán, que publicó en X: “¿No es que no me tienen miedo? Qué manera de enterarme de una decisión que no pasó por ninguno de los canales regulares. ¡Una barbaridad!”, acompañando el mensaje con una captura de pantalla de la notificación de su veto.
Paralelamente, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, asumió la responsabilidad y confirmó la detención e imputación de cinco activistas opositores vinculados a los partidos Vente Venezuela y Voluntad Popular, ocurrida entre el fin de semana y el lunes anterior. Algunos de ellos ya están recluidos en la cárcel de El Helicoide en Caracas, acusados de “incitación al odio”.
Saab, refiriéndose a uno de los casos, compartió en la red social X un video de una manifestación de la oposición en Maiquetía, cerca del aeropuerto internacional Simón Bolívar. En el video, se ve a los manifestantes acercándose a un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana mientras corean «libertad». Saab argumentó que la manifestación ingresó al puesto de control militar «mediante el uso de la fuerza, con la intención de crear lesiones a los efectivos del referido componente militar, manteniendo la zozobra y generando terror a los habitantes de la zona”.
Saab subrayó que el crimen de odio es cualquier delito cometido con un sesgo o prejuicio hacia una persona por pertenecer a un grupo específico, como raza, nacionalidad, orientación sexual, género o creencia religiosa. Afirmó que este tipo de conductas no serán toleradas en Venezuela.
Las inhabilitaciones políticas se han convertido en una práctica habitual bajo el chavismo, afectando a numerosos líderes opositores con prohibiciones para optar a cargos públicos. Un caso destacado es el de María Corina Machado, quien, a pesar de ser la política más popular de Venezuela, no pudo asumir su candidatura presidencial tras ser elegida en una consulta popular. Otros afectados recientemente incluyen a Carlos Ocariz, Tomás Guanipa, Elías Sayegh y José Fernández.
Edmundo González condenó la medida y expresó su respaldo a los inhabilitados, afirmando que “la creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente”. María Corina Machado también envió un mensaje al chavismo en redes sociales: “Entiéndanlo: esto ya cambió. Los alcaldes, de todos los partidos, lo saben. Quien se oponga a este movimiento popular será realmente inhabilitado, por el pueblo”.
En tanto, González Urrutia no se adhirió al acuerdo de “Reconocimiento de Resultados” de las elecciones, firmado este jueves por siete candidatos de la considerada como «oposición leal», junto con el presidente Maduro. González es visto como el único candidato con posibilidades reales de vencer al presidente chavista en las próximas elecciones.