La Sala Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la admisión de una denuncia presentada por un particular contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, relacionada con el fallecimiento de 7.291 ancianos en residencias durante la pandemia de Covid-19. La denuncia incluía acusaciones de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y prevaricación con la agravante de premeditación.
No encuentran relación con la presidenta
Según el alto tribunal, la denuncia no proporciona datos concretos que vinculen directamente las decisiones de Ayuso con los fallecimientos específicos en cuestión. Los magistrados han indicado que la denuncia está formulada en términos «genéricos e indeterminados», sin establecer una relación clara de causalidad entre las medidas adoptadas o no adoptadas por la presidenta y los resultados concretos de las muertes en las residencias.
Esto no implica el apoyo a las políticas implementadas
El Tribunal Supremo subraya que cualquier imputación de responsabilidad penal requeriría evidencia precisa de cómo las decisiones políticas, administrativas o de gestión afectaron directamente a las muertes en las residencias. La decisión de no admitir la denuncia no implica respaldo alguno a las políticas sanitarias implementadas durante la pandemia, ni constituye una crítica a las mismas.
Procedimientos para esclarecer responsabilidades
Asimismo, la resolución destaca que existen otros procedimientos en curso, tanto ante la Fiscalía como ante los juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid, que podrían esclarecer de manera más específica las responsabilidades en estos lamentables sucesos. En esos procesos se evaluará más detalladamente cómo se tomaron las decisiones relacionadas con las derivaciones hospitalarias y su posible impacto en las muertes de personas mayores en residencias.
¿Qué son los “protocolos de la vergüenza?
El «protocolo de la vergüenza» es un término que se ha utilizado para referirse a las medidas o directrices adoptadas por autoridades o instituciones que son percibidas como inadecuadas, insuficientes o controvertidas en situaciones críticas o de emergencia. Este término se suele emplear cuando las políticas implementadas son criticadas públicamente por no cumplir con los estándares esperados de eficacia, ética o responsabilidad, especialmente en contextos donde las vidas o la salud de las personas están en juego.
En el contexto específico de la pandemia de Covid-19, el «protocolo de la vergüenza» se ha asociado con las decisiones tomadas respecto a la gestión de las residencias de ancianos en Madrid. Se ha argumentado que ciertos protocolos adoptados para el manejo de estos centros no fueron adecuados para proteger a los residentes de manera efectiva, lo que llevó a un alto número de fallecimientos entre los residentes debido al virus.
El término refleja una crítica intensa y una percepción pública de que las medidas implementadas fueron insuficientes o fallidas, lo que generó un sentimiento de indignación y cuestionamiento hacia los responsables políticos o institucionales involucrados en la toma de decisiones durante la crisis.
