El pasado martes 20 de agosto, los residentes de la avenida Miguel Delibes 15, en el barrio de El Cañaveral (Vicálvaro), comenzaron a notar movimientos sospechosos en su edificio. Este conjunto habitacional, compuesto por unos 40 vecinos que se conocen bien desde que llegaron en marzo, se convirtió en el escenario de una ocupación ilegal masiva que sorprendió a todos. Los primeros indicios de problemas surgieron cuando varios inquilinos descubrieron que sus cerraduras habían sido forzadas, y escucharon ruidos extraños de personas arrastrando objetos pesados dentro del edificio.
En pocas horas, los vecinos se encontraron con que doce de los apartamentos, hasta entonces vacíos, habían sido ocupados ilegalmente. Los ocupantes, cada vez más numerosos, se instalaron principalmente en el primer, segundo y cuarto piso, además del ático, creando una atmósfera de tensión en la comunidad.
La respuesta de los vecinos
Ante esta situación, los afectados decidieron actuar. El pasado domingo, convocados por la asociación Vecinos de Cañaveral, organizaron una protesta frente al edificio, coreando consignas como «fuera okupas de nuestros barrios». Estos actos de protesta se repetirán diariamente a las 19:30 horas hasta que se resuelva su situación. La asociación vecinal destacó que muchos de los residentes apostaron por el barrio con ilusión y esfuerzo, y llevan más de dos años luchando por convertirlo en un lugar acogedor y respetuoso con las normas de convivencia.
Uno de los inquilinos, que vive en el edificio con sus dos hijos, expresó su temor a dejar a sus hijos solos en casa mientras él trabaja. En un esfuerzo por mantener la seguridad, los vecinos se coordinan a través de un grupo de WhatsApp para realizar actividades juntos, como ir al parking o llevar a los niños a la piscina. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente, ya que antes los niños podían ir solos a la piscina, algo que ahora no se atreven a permitir.
Conflictos y desconfianza
Aunque no se han registrado enfrentamientos físicos entre los vecinos y los okupas, los roces verbales son cada vez más frecuentes. Los inquilinos que pagan su alquiler han pedido explicaciones a los okupas, quienes afirman haber pagado por vivir en esos apartamentos, pero nunca han mostrado ningún contrato que lo respalde. Los okupas alegan que algunos de ellos han llegado a pagar hasta 5.000 euros por vivir allí, pero tras una reunión con la inmobiliaria Savills, los vecinos confirmaron que estos nuevos ocupantes no tienen derecho legal a residir en los apartamentos.
La inquietud crece: investigación y exigencias de soluciones
Los vecinos se preguntan cómo fue posible que los okupas accedieran al edificio, que requiere una tarjeta magnética para entrar. Sospechan que los intrusos utilizaron un código en una tablet ubicada en la entrada, algo que los inquilinos desconocían. Además, los residentes creen que los okupas tenían información privilegiada, ya que sabían cuáles pisos estaban vacíos y evitaron los que ya estaban ocupados.
Ante la falta de seguridad, han solicitado ser reubicados en otros apartamentos de la zona, pero esta opción ha sido descartada. Aunque ahora el edificio cuenta con seguridad nocturna, la incertidumbre ha llevado a muchos a instalar sistemas de vigilancia por su cuenta.
