El pleno del Congreso de los Diputados ha dado el primer paso hacia una reforma que permitirá disolver la Fundación Francisco Franco, una organización que ha sido objetivo de debates durante décadas por su defensa y exaltación de la figura del dictador. El PSOE, como partido impulsor de esta reforma, ha iniciado la tramitación de una proposición de ley para modificar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, con el objetivo de cumplir con la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.
La iniciativa llega con retraso, dado que debería haberse promovido antes de octubre de 2023, pero los socialistas han optado por presentar una proposición de ley en lugar de un proyecto gubernamental para acelerar su aprobación.
Disolución de la Fundación Franco
El cambio propuesto en la Ley de Asociaciones establece que el proceso de disolución podrá iniciarse a instancias de la Fiscalía y requerirá una resolución judicial para llevarse a cabo. Esto significa que no será una decisión meramente política o administrativa, sino que se someterá a un proceso judicial donde se evaluarán las actividades de la entidad en cuestión.
La clave de esta reforma es la inclusión de una nueva disposición que contempla la disolución de asociaciones que promuevan la «apología del franquismo». Esta apología puede manifestarse de varias formas, como el ensalzamiento del golpe de Estado de 1936, la glorificación de la dictadura que siguió o el enaltecimiento de sus dirigentes, siempre que estas acciones impliquen «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» del régimen, la Guerra Civil o el franquismo en general. Además, la ley también busca evitar cualquier incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la dictadura.
Este cambio establece un marco claro y judicial para la disolución de entidades como la Fundación Franco, cuyo discurso ha sido tradicionalmente polémico y criticado por diversos sectores de la sociedad, especialmente por aquellos vinculados a la defensa de los derechos de las víctimas del franquismo.
Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática, promulgada en octubre de 2022, marcó un antes y un después en el reconocimiento de las víctimas del franquismo y en el papel que la dictadura desempeñó en la historia reciente de España. Esta legislación fue diseñada para honrar a las víctimas del conflicto civil y de la posterior dictadura, así como para asegurar que no se glorifique el legado de un régimen que atentó contra los derechos humanos y las libertades.
La reforma que se discute actualmente en el Congreso es una extensión natural de esa ley, cumpliendo con el mandato de modificar el marco legislativo de las asociaciones para evitar la apología del franquismo. La figura de la Fundación Francisco Franco ha sido uno de los puntos más polémicos en este contexto, ya que, a lo largo de los años, ha defendido abiertamente la figura del dictador, en un país que aún lidia con las heridas del pasado.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, fue tajante al explicar el trasfondo político de esta propuesta. Según López, esta reforma no solo se limita a un cambio legislativo, sino que también forzará a los partidos políticos a definirse claramente respecto al franquismo y sus víctimas. En sus palabras, «o se está en contra de la apología del franquismo, o se está en connivencia con la dictadura».
Con la posible aprobación de esta reforma, la Fundación Francisco Franco podría tener las horas contadas. A lo largo de los años, esta entidad ha sido una de las defensoras más férreas del legado del dictador, y ha sido objeto de críticas De aprobarse la reforma, cualquier actividad que promueva la exaltación del franquismo podría ser motivo suficiente para iniciar un proceso de disolución, siempre bajo el amparo de una resolución judicial.
El hecho de que esta disolución pueda proceder independientemente de los fines teóricos de la asociación y de si está inscrita formalmente o no, refuerza aún más el poder de esta normativa. Así, se garantiza que ninguna entidad quede al margen de la ley por cuestiones formales, evitando vacíos legales que pudieran ser aprovechados para perpetuar su existencia.
