Con las receintes críticas de Covite sobre la concesión del tercer grado al etarra Aitor Olaizola, se ha reavivado el debate sobre la gestión de los presos etarras bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Las asociaciones de víctimas del terrorismo han expresado su descontento y denuncias frente a estas decisiones, argumentando que no solo vulneran los derechos de las víctimas, sino que también implican concesiones políticas que comprometen el legado de la lucha contra el terrorismo en España.
El traspaso de competencias penitenciarias al País Vasco
El origen de esta compleja situación se remonta al traspaso de competencias penitenciarias desde el Gobierno central al Gobierno vasco, constituyendo una de las decisiones clave del gobierno de Pedro Sánchez en el marco de los acuerdos alcanzados con el PNV para asegurar su coalición. Este proceso encontró su culmen en 2021, cuando las competencias fueron oficialmente transferidas al Gobierno vasco, lo que dio a las autoridades autonómicas mayor control sobre la gestión de los presos, incluidos aquellos condenados por terrorismo.
Desde entonces, el Gobierno vasco ha otorgado el tercer grado a numerosos presos etarras, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una muestra de una actitud permisiva hacia los responsables de actos terroristas. El tercer grado penitenciario permite a los reclusos pasar gran parte de su tiempo fuera de prisión, lo que para muchos es visto como un paso hacia su reintegración en la sociedad, pero para las víctimas representa una afrenta a la justicia.
Desde que el gobierno de Pedro Sánchez transfirió las competencias penitenciarias al País Vasco el 29 de junio de 2021, el gobierno vasco ha concedido un total de 82 terceros grados a presos de la banda terrorista ETA. En ciertos casos, los etarras lo han recibido en más de una ocasión, como es el caso de Juan Carlos Subijana Izquierdo, condenado por asesinato, quien ha recibido este beneficio hasta en tres ocasiones, solo para ser revocado cada vez por la Audiencia Nacional. En total, la Audiencia ha revocado 15 de los terceros grados concedidos por las autoridades vascas, devolviendo a los reclusos al régimen cerrado.
Uno de los aspectos más polémicos de esta política es el hecho de que muchos de los beneficiados no han mostrado arrepentimiento por sus actos. Dos de los últimos casos, los de Luis Mariñelarena Garciandía y Harriet Iragi Gurrutxaga, condenados a largas penas de prisión por delitos de sangre, fueron liberados bajo el tercer grado sin mostrar señales de arrepentimiento, una condición que tradicionalmente ha sido vista como clave para acceder a este beneficio.
El Partido Socialista de Euskadi (PSE), que ahora tiene competencias en Justicia, también ha sido objeto de críticas. En particular, la consejera de Justicia, María Jesús San José, ha sido señalada por su papel en la concesión de estos terceros grados. La coalición de gobierno en el País Vasco, formada por el PNV y el PSE, ha concedido recientemente terceros grados a varios etarras condenados por asesinatos que resonaron fuertemente en la opinión pública, como los de Fernando Buesa y Luis Portero. Este hecho ha indignado a las asociaciones de víctimas del terrorismo, quienes sienten que se les está dando la espalda.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha sido uno de los actores más vocales en la denuncia de esta situación. Covite ha señalado que estos terceros grados no son más que «excarcelaciones encubiertas» que ignoran el sufrimiento de las víctimas y el daño causado por los crímenes de ETA. En respuesta a las últimas concesiones, Covite ya ha anunciado que pedirá a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que revoque la libertad provisional de Mariñelarena e Iragi.
Por su parte, el PP ha criticado duramente al Gobierno de Sánchez, acusándole de utilizar las competencias penitenciarias como moneda de cambio. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que estas concesiones socavan el pacto antiterrorista y suponen una traición a la memoria de las víctimas. «Sánchez ha demostrado una vez más que está dispuesto a ceder ante los nacionalistas, incluso a costa de la dignidad de las víctimas del terrorismo«, afirmó el gallego en un acto en el País Vasco.
Al otro lado de la polémica, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido uno de los mayores defensores de esta política, señalando que el objetivo final es la reinserción de todos los presos, incluidos aquellos vinculados con el terrorismo. Marlaska ha reiterado que la concesión del tercer grado se ajusta a la legalidad vigente y que no supone una amnistía encubierta. “La reinserción es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema penitenciario, y eso no excluye a los condenados por terrorismo”, sostuvo el ministro en una entrevista.
El número de terceros grados concedidos desde el traspaso de competencias contrasta significativamente con los que fueron otorgados antes de 2021, cuando la gestión penitenciaria recaía en Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. Según un informe del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entre octubre de 2018 y octubre de 2021 se concedieron 30 terceros grados, de los cuales solo dos fueron revocados.
Además de los terceros grados, se ha producido un significativo número de traslados de presos etarras a cárceles más cercanas al País Vasco. Desde octubre de 2018 hasta agosto de 2022, un total de 263 presos de pertenecientes a la banda terrorista fueron trasladados a prisiones en el País Vasco o Navarra. Este goteo de concesiones y traslados ha generado una constante sensación de descontento en las asociaciones de víctimas, que ven en estas acciones una traición a la memoria de las víctimas del terrorismo.
