El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska no ha conseguido cubrir las plazas para los médicos en la cárcel. La semana pasada el ministerio sacó 89 puestos del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. Estas plazas están desiertas de dueño desde 2022, 2023 y 2024.
Esta convocatoria publicada por en el BOE por Marlaska ha sacado 69 plazas destinadas a las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna y 20 para la especialidad de Psiquiatría. Las vacantes son de las últimas convocatorias, es decir, en el año 2022 se ofertaron 40 plazas; en 2023, 34; y en julio de 2024, 15. Hay que destacar que todas estas vacantes se quedaron vacías.
El medio The Objective ha señalado que el doctor José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española Sanidad de Penitenciaria: “Hay muy poquitos médicos que quieran venir a trabajar a las cárceles, fundamentalmente porque se cobra bastante menos que fuera. Cuando un médico termina la residencia, no se plantea trabajar en la cárcel, se plantea trabajar en un centro de salud o un hospital”.
José Joaquín Antón Basanta señala que “da igual lo que tú investigues, estudies y publiques, o que no hagas absolutamente nada, porque siempre vas a cobrar lo mismo”. Ahora el Ministerio del Interior ha intentado ver si encontraban a los 89 facultativos especializados en Familia e Interna y en Psiquiatría.
Marlaska no consigue médicos para que trabajen en las cárceles
Para presentarse a estas oposiciones los médicos deben superar un curso formativo y un periodo de prácticas en cárceles españolas. Más allá de estas ofertas, el BOE también recoge otra convocatoria para cubrir 27 plazas, en esta ocasión de enfermería.
En la actualidad el sistema penitenciario de España tiene 170 facultativos para casi 50.000 presos, lo que significa que hay un médico para cada 294 internas. El 69% de las plazas médicas en estos centros están desiertas, ya que de 536 puestos de médicos hay vacíos 366.
Antón Basanta ha señalado que: “La prioridad de Instituciones Penitencias es la custodia, la reinserción, la seguridad, pero no es la salud2”. También destacan que ante esta escena “asumen la mayor carga de la atención sanitaria, realizando tareas que no le corresponden, a veces, absolutamente solos. El esfuerzo que están haciendo es para quitarse el sombrero”.
Desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria piden al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con lo que queda reflejado en la Disposición Adicional de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que daba un plazo de 18 meses para transferir a los servicios de salud autonómicos las competencias de sanidad penitenciaria, dependientes del Ministerio de Interior.
