Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra algunos fiscales por la supuesta revelación de secretos, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas y ha adelantado El Español. La querella se dirige contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y también contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.
El motivo de la denuncia se centra en la nota informativa que difundió el Ministerio Público en la que explicaba que fue el abogado del empresario quien buscó un acuerdo de conformidad para evitar el juicio por un presunto fraude fiscal. De esta manera, la nota informativa contradecía a lo que apuntaba el gobierno autonómico de Madrid, quien aseguraba que el pacto de conformidad no lo propuso el abogado de González Amador.
El escrito judicial se ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, ya que los fiscales tienen la condición de aforados. La Sala ya ha incoado unas diligencias y ahora se dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión de la querella, según han detallado a Europa Press las citadas fuentes.
Otro juzgado abre diligencias tras la denuncia del ICAM
El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ya ha abierto diligencias en relación a la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra la Fiscalía por la difusión del citado comunicado. El ICAM calificó de “extrema gravedad” la revelación de la propuesta del pacto y, según ellos, habría roto el secreto profesional “que ampara las comunicaciones de letrados”.
El Colegio ahora se personará como parte presentando una querella en los próximos días contra autor desconocido de los hechos, sin perjuicio de «ulteriores planteamientos de competencia objetiva por razón de la persona (eventual aforamiento)».
González Amador, citado a declarar el 20 de mayo
La pareja de la presidenta madrileña está llamado a declarar el próximo 20 de mayo como investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil. La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
