Carlos Martín Urriza, portavoz económico de Sumar, ha criticado el pacto de concierto fiscal para Cataluña entre ERC y PSC, que permitiría a Cataluña gestionar y recaudar sus propios impuestos. Según Urriza, este acuerdo pone en riesgo la autonomía fiscal del Estado y la redistribución de recursos entre comunidades autónomas, comparándolo con el régimen foral y el sistema fiscal de Madrid.
Ha advertido que el concierto fiscal para Cataluña no solo compromete la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, sino también la de la Administración Central. Este acuerdo, según Urriza, podría afectar la sostenibilidad y el coste de la deuda pública, así como la capacidad del Estado para enfrentar desafíos importantes como el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones.
Carlos Martín ha criticado también el pacto fiscal para Cataluña, afirmando que fomenta la fragmentación y enfrentamiento de la clase trabajadora por territorios, en lugar de buscar soluciones generales para problemas comunes. Ha señalado que, en lugar de abordar la infrafinanciación de los servicios públicos con una reforma fiscal profunda que combata la evasión fiscal de los ricos y grandes corporaciones, el PSOE prefiere arreglos singulares que no resuelven los problemas estructurales.
Postura de Yolanda Díaz
En contraste con la postura de Urriza, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha expresado una opinión favorable hacia el pacto fiscal para Cataluña. Díaz considera que el acuerdo representa un «salto cualitativo» en la relación entre Cataluña y el resto de España. Ella afirma que, si bien hace una década o incluso hace poco tiempo este tipo de acuerdos habrían sido impensables, ahora representa un avance positivo. Díaz también ve la posibilidad de que Salvador Illa sea investido como presidente de la Generalitat con el apoyo de fuerzas independentistas como algo positivo para el país.
Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, también ha señalado que la validación del preacuerdo por parte de ERC es una oportunidad para consolidar la legislatura.
Por otro lado, los diputados de Compromís y de la Chunta Aragonesa (CHA), aunque no se oponen al pacto, han pedido que se aborde la infrafinanciación de sus territorios antes de apoyar el acuerdo en el Congreso.