En una reciente declaración, ERC ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya dio su visto bueno hace varios meses para la inyección de fondos destinados a la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra.
Sin embargo, lo único que falta es que el Gobierno «suelte la plata». Esta financiación se justifica por la necesidad de incrementar el personal de un cuerpo autonómico que, según denuncian los sindicatos policiales, ya cuenta con ventajas en sus condiciones laborales y de efectivos.
El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña acordaron en diciembre pasado financiar con 1.600 millones de euros el despliegue de los Mossos d’Esquadra hasta 2030. Este anuncio se realizó un día antes de una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El retraso en la implementación de este acuerdo es uno de los argumentos utilizados por Junts para presionar al PSOE en Madrid y afectar las negociaciones catalanas, así como el avance de la Legislatura de España.
La estrategia de Junts se centra en dos ejes principales: bloquear las iniciativas del PSOE en el Congreso y fomentar especulaciones sobre el posible retorno del expresidente catalán. Junts ha estado destacando las bajas cifras de ejecución presupuestaria del Estado en relación con los compromisos adquiridos con ERC, con el objetivo de desacreditar a los republicanos y advertir sobre los riesgos de que la Generalitat sea controlada por un partido que «incumple con Cataluña y favorece a la Comunidad de Madrid».
A pesar de estas tensiones, los portavoces socialistas y de ERC han mantenido que el acuerdo está encaminado, aunque ERC también modera el optimismo para seguir ejerciendo presión y aumentar el precio de su apoyo. Los resultados electorales recientes han dejado a ERC en una posición de debilidad.
Entre los temas pendientes en las negociaciones se encuentran los plazos de liquidación de la deuda de 15.000 millones de euros con el Fondo de Liquidez Autonómica, además de avances en cuestiones relacionadas con la lengua catalana y la posible consulta independentista.
ERC quiere 150 millones de euros para los Mossos
La posición del Gobierno ha sido la defensa firme de que, si es necesario, se convocarían nuevas elecciones, con la convicción de que esto favorecería a Illa. Sin embargo, las acciones indican que Moncloa ha instruido a los ministerios afectados a volcarse en la operación y evitar a toda costa una repetición electoral.
En medio de estos acuerdos, se ha desbloqueado el traspaso de Rodalies, con la primera línea que será gestionada por la Generalitat, a un costo de 1.057 millones de euros. Este acuerdo contrasta con los problemas que enfrenta el Ministerio de Transporte con los retrasos e incidentes en las cercanías de Madrid, lo que ha llevado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a acusar al presidente Pedro Sánchez de «trato de favor a Cataluña, por interés personal y de partido».
La situación sigue siendo tensa y compleja, con múltiples actores políticos intentando avanzar sus agendas mientras se enfrentan a una serie de desafíos y presiones tanto a nivel regional como nacional.
