Desde la noche electoral del 12 de mayo, el primer secretario de los socialistas catalanes ha negado que Pedro Sánchez vaya a decidir sobre la gobernabilidad de Cataluña. Lo afirmó cuando Carles Puigdemont instó por primera vez al presidente del Gobierno a ordenar al PSC abstenerse para permitir su «restitución» como president, a pesar de haber perdido las elecciones, bajo amenaza de desestabilizar la legislatura española. Y lo reitera ahora, frente a las exigencias de ERC para apoyar su elección, incluyendo un concierto económico y un compromiso sobre el referéndum, que directamente involucran al Ejecutivo central.
Comienzo de las negociaciones oficiales
El pasado martes, PSC y ERC iniciaron la negociación para explorar un pacto de investidura que otorgue acceso a Illa a la Generalitat. Sin embargo, los republicanos no se conforman con este foro y exigen interlocución directa con el equipo de Sánchez para diseñar el salto de Cataluña hacia la «plena soberanía fiscal». «Será necesaria una negociación paralela con el Gobierno«,
«La llave hoy está más en manos del Gobierno de Sánchez que en las de Illa«, advirtió la pasada semana la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, durante el Consejo Nacional donde la formación independentista delimitó el marco de la negociación. A pesar de que ERC mantiene los formalismos y sigue celebrando encuentros con los cargos del PSC designados por Illa, solicita una vía directa con el Gobierno.
Félix Bolaños se encarga de los temas económicos
El encargado de abordar con Rovira los requisitos relacionados con la financiación y la votación secesionista es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ya negoció con ERC el acuerdo de investidura de Sánchez, que incluyó la Ley de Amnistía, la condonación de 15.000 millones de deuda para Cataluña y el traspaso de Rodalies.
Aunque el líder del PSC pedía un papel en las conversaciones y reiteraba públicamente que cualquier acuerdo con los independentistas para la investidura de Sánchez respetaría la Constitución, ERC nunca contempló incluir al líder del PSC como mediador. «Puede decir lo que quiera. Aquí no pinta nada«, defendían en privado altos cargos republicanos en ese entonces.
Sánchez y una financiación “especial” para Cataluña
Por su parte, Sánchez se muestra favorable a los pronunciamientos de la «financiación singular» por parte de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y del propio presidente, que provocaron una reacción airada de varios barones socialistas al ver que el Ejecutivo intentaba allanar el camino para privilegiar a Cataluña con un modelo asimétrico.
La portavoz de los republicanos, Raquel Sans, considera un error «confundir» al asumir la terminología «financiación singular» para referirse a una mejora de la financiación dentro del régimen común. Lo que pretende Sans es conseguir un cupo similar al vasco o navarro, ya que esto permitiría a la región recaudar y gestionar el 100% de los impuestos, unos 52.000 millones anuales.
Modificación de la Ley para cambiar el régimen financiero
Los republicanos exigen al Gobierno una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para establecer un régimen de financiación propio para Cataluña y se niegan a compensar a las comunidades autónomas menos pudientes.
