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El Ministerio del Interior ha entregado este martes al magistrado Pablo Llarena, quien instruye la causa del «procés» en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el informe solicitado sobre el operativo policial desplegado la semana pasada para la captura del expresidente catalán Carles Puigdemont. Llarena había exigido explicaciones tanto al Ministerio como a la cúpula de los Mossos d’Esquadra respecto al dispositivo implementado para detener al exmandatario, con el objetivo de identificar los fallos técnicos que permitieron que el operativo no tuviera éxito.
El Ministerio del Interior ha entregado este martes al magistrado Pablo Llarena, quien instruye la causa del «procés» en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el informe solicitado sobre el operativo policial desplegado la semana pasada para la captura del expresidente catalán Carles Puigdemont. Llarena había exigido explicaciones tanto al Ministerio como a la cúpula de los Mossos d’Esquadra respecto al dispositivo implementado para detener al exmandatario, con el objetivo de identificar los fallos técnicos que permitieron que el operativo no tuviera éxito.
Fallos en el operativo y justificaciones de Interior
El informe, presentado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, subraya que la detención de Puigdemont sigue siendo un «objetivo operativo» para todas las unidades policiales del Ministerio, y que su nombre figura en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales desde noviembre de 2017, con actualizaciones conforme a su situación procesal. La última actualización se realizó el 11 de junio, cuando se ratificó la orden de detención emitida por el Supremo. Esta información se transmitió a las fuerzas policiales de las regiones fronterizas con Francia, incluidas la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y los Mossos d’Esquadra.
Dificultades operativas y limitaciones legales
El Ministerio del Interior justifica el fracaso del operativo alegando que los dispositivos de control y vigilancia en las fronteras, puertos y aeropuertos no detectaron en ningún momento la presencia de Puigdemont en territorio nacional. Interior atribuye esta situación a las restricciones impuestas por el Código de Fronteras Schengen, que impide la realización de controles fronterizos sistemáticos dentro del espacio europeo, salvo en casos excepcionales que deben ser justificados ante la Comisión Europea.
Aunque España ha restablecido controles fronterizos en el pasado, como durante la cumbre de la OTAN en 2022 o la crisis sanitaria de la COVID-19, el informe subraya que tales medidas no son aplicables a situaciones como la búsqueda de Puigdemont, a menos que se justifiquen bajo una amenaza grave al orden público o la seguridad interior.
Colaboración con los Mossos d’Esquadra y activación de recursos extraordinarios
Sobre la posible detención de Puigdemont en suelo español, el informe detalla que los Mossos d’Esquadra informaron al Ministerio de su dispositivo específico para capturar al expresidente, y que Interior ofreció apoyo operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque estos recursos no fueron solicitados más allá de la habitual cooperación en la mesa de coordinación.
Tras la fuga de Puigdemont el jueves pasado, Interior ordenó un refuerzo de los recursos operativos y de inteligencia, incrementando la vigilancia en puertos y aeropuertos de Cataluña, así como en vías cercanas a la frontera con Francia. Sin embargo, las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos d’Esquadra. Estos dispositivos se mantuvieron activos hasta la medianoche del 10 de agosto.
