El partido Iustitia Europa ha impugnado ante la Audiencia Nacional el decreto del Ministerio del Interior que “obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y almacenar hasta 42 datos personales de sus clientes durante tres años”.
Iustitia Europa considera que el Real Decreto 933/2021 es una “flagrante violación de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Así mismo han asegurado que este decreto surge a partir de “un Gobierno que camina hacia la deriva institucional”.
En el comunicado enviado por el partido, comunican que el motivo de impugnar este decreto del Ministerio del Interior se deba a que éste “invade la privacidad de millones de turistas, ciudadanos españoles y extranjeros”. También recalca que “atenta contra la privacidad de los ciudadanos al exigir información extremadamente sensible, como datos financieros, relaciones familiares o de parentesco y métodos de pago”.
El recurso presentado desde Iustitia Europa planea la “posible inconstitucionalidad del Real Decreto por contravenir los artículos 18 y 19 de la Constitución Española y los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Además, han anunciado la presentación de cuestiones tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
El partido de Luis María Pardo se enfrenta al decreto de Marlaska
Por otro lado, el texto solicita que se suspenda de manera cautelar dicha norma, y argumenta que “su ejecución supondría un perjuicio irreparable”. Ha señalado, así, el “severo impacto en el turismo y en la imagen de España”, por lo que advierten que las medidas “amenazan con dañar uno de los pilares fundamentales de la economía española: el turismo”.
“No todo vale en nombre de la seguridad. Estas medidas son desproporcionadas, vulneran la intimidad de las personas, el reglamento general de protección de datos y carecen de base jurídica suficiente”, ha afirmado Luis María Pardo.
La normativa, que entró en vigor el pasado lunes 2 de diciembre, obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y almacenar hasta 42 datos personales de sus clientes durante tres años, ha recordado este miércoles el partido en un comunicado.
En su opinión, la obligación de recopilar datos sensibles podría disuadir a turistas internacionales de visitar España, afectando directamente al sector hotelero y a la competitividad del país.
