La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado el próximo 30 de septiembre para estudiar la solicitud de Begoña Gómez de archivar la investigación que dirige contra ella el magistrado Juan Carlos Peinado, quien la acusa de presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En la misma sesión, la Audiencia también abordará el recurso presentado por la Fiscalía, que pide delimitar la causa. Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección 23 de la Audiencia Provincial ha programado para ese día la deliberación, votación y fallo de los recursos de apelación presentados tanto por Gómez como por el Ministerio Público.
Antonio Camacho, abogado de Gómez y exministro del Interior, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que impida al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid realizar una «investigación universal» contra su cliente. Camacho argumenta que la investigación actual es demasiado amplia y carece de especificidad, ya que afecta a todos los actos y conductas de Gómez desde que su esposo asumió la presidencia del Gobierno.
Begoña Gómez quiere que se archive su caso
La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Madrid que delimite la investigación, argumentando que el juez instructor está llevando a cabo una «causa general» sin concretar qué se está investigando. La Fiscalía ha reclamado el archivo del procedimiento al considerar que no hay indicios que relacionen a Gómez ni con los contratos investigados ni con las «vicisitudes económicas de Air Europa».
El término «causa general» se refiere a un procedimiento judicial amplio y exhaustivo dirigido contra un individuo específico, investigando una serie de delitos o infracciones presuntamente cometidos a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Tanto la Fiscalía como la defensa de Gómez coinciden en que la investigación actual excede los límites razonables de una investigación específica.
Camacho solicitó en su recurso que se anulara la resolución del juez que indicaba que se estaba investigando «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno de España, según la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias, a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea.
