La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha finalizado un informe, ya remitido al juez que investiga el ‘caso Azud’. Esta trama de corrupción se centra en la financiación ilegal del PSOE de Valencia, en la que el entonces tesorero de los socialistas habría utilizado la Confederación Hidrográfica del Júcar para alimentar la contabilidad paralela del partido durante el gobierno de Zapatero.
El medio El Debate ha publicado el informe de los investigadores que apunta a la oficina del Gobierno que en la actual crisis tardó en alertar sobre las riadas que provocaron las inundaciones de varios municipios valencianos.
Dicho informe de la Guardia Civil señala que el tesorero del partido socialista, José María Cataluña, puso el foco en un contrato de la Confederación del Júcar para poder cobrar comisiones ilegales. La investigación sostiene que la constructora Lubasa recibió un contrato de 29 millones de euros por parte de Acuamend, que depende directamente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
La UCO acredita la existencia de un método automatizado para el cobro de mordidas. Fuente: El Debate
Este contrato fue adjudicado el 27 de abril de 2007 y los agentes sostienen que las mordidas fueron pactadas días antes de que se diera luz verde al encargo. Concretamente, “en la fecha límite para la presentación de ofertas”. Según ha señalado El Debate, los investigadores de la UCO trasladan al juez que el jefe de las finanzas del PSOE valenciano contaba con un modus operandi perfectamente diseñado para el desvío de mordidas.
Los socialistas habrían cobrado mordidas de la Confederación del Júcar
Los agentes han explicado que “para el pago de esta comisión se habrían articulado una serie de operativas que, analizadas de forma conjunta, habrían tenido la aparente finalidad de encubrir el origen delictivo de los fondos. Firma de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios”.
Así mismo, han señalado que la última persona que se benefició del dinero que se desviaba de los contratos era la formación socialista: “En el caso de los fondos cuyo ulterior beneficiario sería el PSOE”.
El informe de la UCO declara que “finalmente, el análisis efectuado ha evidenciado que otras actuaciones administrativas desarrolladas en el seno de Acuamed habrían propiciado pagos en beneficios del PSOE”. Según los investigadores, las anotaciones halladas entre las pertenencias personales del tesorero Cataluña son claves para acreditar que cargos socialistas valencianos pactaban con empresas el pago de mordidas a cambio de contratos públicos.