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A partir de 2025, los trabajadores deberán adaptarse a nuevas reglas en materia de jubilación, que incluyen requisitos más estrictos y un sistema de cotización más alto. Este cambio se aplicará junto con una subida de las pensiones basada en el IPC, que rondará el 3%.
Para hacer frente al aumento del gasto, tanto empresas como trabajadores deberán abonar cotizaciones más altas, conforme al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que incluye el tope de las bases máximas de cotización para sueldos superiores a 59.000 euros anuales, medida que comenzó a aplicarse este año. Además, aquellos que se encuentren en estos rangos salariales deberán abonar una «cuota de solidaridad» para financiar las pensiones.
Incremento progresivo de la edad de jubilación
Una de las principales modificaciones es el incremento gradual de la edad de jubilación, que desde 2019 ha venido aumentando dos meses por año con el objetivo de alcanzar los 67 años en 2027. Para aquellos nacidos en 1958 o antes, la edad mínima para jubilarse con el 100% de la pensión será de 66 años y ocho meses a partir de 2025. Este retraso permite una mayor contribución al sistema por parte de la población activa, al mismo tiempo que pospone el pago de las pensiones, generando un impacto positivo en las finanzas del sistema.
Condiciones para la jubilación anticipada
El retiro anticipado también se verá afectado por las nuevas reformas. Para poder acceder a una jubilación anticipada con el 100% de la pensión a los 65 años, será necesario tener cotizados al menos 38 años y tres meses en 2025. Esta cifra aumentará gradualmente hasta alcanzar los 38 años y seis meses en 2027. Además, el requisito de la jubilación anticipada voluntaria se endurecerá. En 2025, los trabajadores con menos de 38 años de cotización deberán esperar hasta los 64 años y 8 meses para jubilarse, mientras que aquellos con 38 años o más de cotización podrán acceder a la jubilación anticipada a los 63 años.
Penalizaciones por adelantar la jubilación
La reforma de las pensiones también introduce nuevas penalizaciones para quienes decidan adelantar su jubilación. A partir de 2025, los coeficientes de reducción se aplicarán de forma mensual, en lugar de trimestral. Cuanto más se adelante la jubilación, mayor será el recorte en la pensión. Por ejemplo, un trabajador que se jubile 24 meses antes de la edad establecida sufrirá una penalización del 21% sobre su pensión. Este recorte disminuirá gradualmente a medida que se acerque la fecha de jubilación establecida por ley.
En el caso de la jubilación por despido, también se aplicarán penalizaciones, que oscilarán entre el 24% y el 30% en el caso de un adelanto máximo, y entre el 4,75% y el 5,5% si la jubilación se adelanta solo un año.
Incentivos por retrasar la jubilación
Por otro lado, los trabajadores que decidan retrasar su jubilación podrán beneficiarse de incentivos económicos. A partir de 2025, aquellos que continúen trabajando después de la edad legal de jubilación podrán recibir un complemento de hasta 12.000 euros anuales, si han cotizado más de 44,5 años. Además, podrán aumentar su pensión en un 4% anual, y si deciden seguir trabajando más de dos años después de la jubilación, recibirán un 2% adicional por cada año adicional de trabajo.
Otra novedad es que estos incentivos podrán compatibilizarse con el cobro parcial de la pensión, permitiendo que los jubilados reciban un porcentaje de su pensión mientras siguen trabajando. Dependiendo del tiempo que se retrase el retiro, los jubilados podrán percibir un porcentaje mayor de su pensión. Así, si esperan un año después de la edad legal, podrán cobrar el 45% de su pensión, y si se retrasan hasta cinco años, podrán recibir el 100%.