El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha abierto un expediente contra España por los retrasos en la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca. La Comisión Europea informó el pasado mes de febrero al TJUE de que el procedimiento medioambiental de España tenía falta de diligencias en distintos asuntos.
La responsabilidad de los planes hidrológicos de cuenca recae exclusivamente en Teresa Ribera, que es la persona que lidera el Ministerio de Transición Ecológica. A pesar de conocer que existen varios puntos incumplidos en esta materia, la ministra continúa su carrera para ser vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea con las carteras de Transición Verde y Competencia.
Para ello se está sometiendo a exámenes mucho más complicados que los que en principio esperaba. Su responsabilidad sobre los cauces de los ríos la ausencia de controles y de un sistema de alertas coordinado y la nula inversión en infraestructuras fluviales están ahora bajo los focos.
Las fuertes lluvias provocadas por la DANA en la provincia de Valencia han dejado en evidencia la escasa gestión por parte del Gobierno central. Hubo importantes retrasos a la hora de alertar a los ciudadanos, así como después, a la hora de enviar recursos y efectivos.
También está en el punto de mira el papel que jugó para que Villafuel, la empresa de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, lograse una licencia de operadora.
EL PSOE tarda en mandar efectivos a las zonas afectadas por la DANA
The Objective ha informado que España tiene abiertos 25 procedimientos en Europa por no trasponer directivas o hacerlo de forma deficiente en materias ambientales y climáticas. Algunos expedientes se remontan a hace 20 años por incumplimientos de hace tres décadas. Con este escenario, Ribera aspira, una vez supere los exámenes, a supervisar la transición verde en la Unión Europea.
El pasado 17 de febrero, la Comisión Europea decidió llevar a Bulgaria, Irlanda, España, Malta y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber finalizado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca, como exige la Directiva marco del agua.
Algunos de estos países, como España, Portugal, Malta y Eslovaquia tampoco hicieron llegar sus planes de gestión de riesgo de inundación, como exige la Directiva sobre inundaciones
Según The Objective, la Comisión envió cartas de emplazamiento en febrero de 2023. En septiembre de ese año se hicieron llegar los dictámenes motivados a todos los países incumplidores. Ante la falta de esfuerzos por parte de las autoridades de los Estados apercibidos, la Comisión decidió elevar en febrero de este año al TJUE el expediente.
