Imagen: Agencia Tributaria en Madrid I EPE
Desde que Pedro Sánchez asumió el poder, el empleo público se ha convertido en uno de los pilares de su gestión, con un incremento constante en las plantillas de las administraciones. Desde 2018, la nómina de empleados a cargo del Estado ha aumentado en 407.139 personas, lo que representa un 16% más en comparación con los años anteriores.
Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual, con las comunidades autónomas concentrando el 95% de los nuevos empleos, mientras que los ayuntamientos han absorbido cerca del 2% y el Estado solo el 3,8%. Esta distribución desigual está afectando la eficiencia de los servicios públicos, como la Seguridad Social, el SEPE y la Administración Tributaria, que sufren largas listas de espera.
Sindicatos exigen mejoras laborales y cumplimiento de compromisos
Hoy, los sindicatos se reunirán con el ministro de Función Pública, Óscar López, para negociar las condiciones laborales de los empleados públicos. Esta reunión se produce tras las movilizaciones de los funcionarios en todo el país el pasado fin de semana, donde se exigió la continuidad del sistema de salud Muface y la apertura de una nueva negociación sobre temas pendientes, como un aumento salarial para 2025. El último acuerdo salarial, sellado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CC.OO., otorgó un incremento del 9,5% en tres años, aunque dicho acuerdo expira en diciembre.
La evolución del empleo público y el salario medio
Entre 2018 y 2023, el número de empleados públicos ha crecido significativamente, con las comunidades autónomas liderando este aumento. Las administraciones locales y autonómicas han absorbido la mayor parte de estos nuevos puestos. En cuanto a los salarios, los empleados públicos vieron un aumento medio de 4.212 euros entre 2018 y 2022, alcanzando un salario anual bruto de 34.038 euros en 2022. Este incremento ha sido notablemente superior al aumento del salario medio en España, que se situó en 26.949 euros ese mismo año. A nivel global, la factura de los salarios públicos ha crecido un 28% desde 2018, alcanzando los 164.029 millones de euros en 2023.
El desafío de la tasa de reposición y otros temas pendientes
Los sindicatos, particularmente CSIF, han expresado su preocupación por el impacto de la tasa de reposición en los servicios públicos. A pesar del crecimiento del empleo público, las plazas disponibles no son suficientes para cubrir las necesidades de la Administración. En este contexto, CSIF ha solicitado al Gobierno que cumpla con el compromiso del exministro José Luis Escrivá y suprima la tasa de reposición en 2025. Además, se abordarán temas cruciales como la reducción de la temporalidad en la Administración, que actualmente ronda el 30%, y la negociación de nuevos planes de estabilización.
Acuerdo sobre la jubilación parcial
En un desarrollo relacionado, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CC.OO. y UGT para recuperar el derecho a la jubilación parcial para los empleados públicos. Esta modalidad permitirá a los trabajadores acceder a la pensión parcial a partir de los 60 años mientras continúan trabajando a tiempo parcial, generalmente mediante un contrato de relevo. La medida se implementará mediante una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, que aún debe ser negociada en detalle.
