Las Islas Canarias se encuentran al borde del colapso humanitario, con más de 5.500 menores no acompañados acogidos en sus instalaciones, una cifra que supera con creces las capacidades de acogida de la región. El acuerdo voluntario de reparto entre comunidades autónomas, establecido para aliviar esta presión, no ha tenido el éxito esperado. En su lugar, ha generado controversias y rechazo a la propuesta de convertirlo en obligatorio mediante una reforma legal.
347 menores migrantes no acompañados
Esta semana, la cifra de 347 menores migrantes no acompañados ha sido el centro de la polémica. Estos menores, que esperan ser repartidos entre las comunidades autónomas en base a un acuerdo de solidaridad entre el Ejecutivo autonómico y el central, representan solo el 6% del total de menores en Canarias. Actualmente, las islas acogen a unos 5.500 menores en aproximadamente 2.000 plazas disponibles, una situación insostenible que se agrava cada semana con la llegada de nuevos cayucos llenos de menores y mujeres embarazadas.
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha pedido esta semana un acuerdo solidario a nivel nacional para hacer frente a esta crisis humanitaria. Clavijo ha subrayado la necesidad de una respuesta que esté «a la altura de la peor crisis humanitaria de España y de la Unión Europea», destacando la urgencia de atender a los más de 5.500 niños y niñas que permanecen en las islas.
Fracaso del reparto voluntario
La acogida voluntaria de menores, que las comunidades autónomas se comprometieron a llevar a cabo en 2022 y 2023, no ha tenido el resultado esperado. Ahora, la propuesta del Gobierno de coalición de hacer obligatorio el reparto mediante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería enfrenta resistencias similares, si no mayores.
El Ejecutivo central busca tomar decisiones unilaterales sobre la redistribución de menores a otras comunidades autónomas cuando los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla se saturen. No obstante, esta propuesta no aborda la financiación, un punto crítico para las comunidades receptoras.
La reforma propuesta regula el umbral a partir del cual se considera que Canarias y las dos ciudades autónomas están sobreocupadas: cuando el número de menores supere en al menos un 150% las plazas disponibles. En Canarias, con 2.000 plazas, la sobreocupación se definiría al superar los 3.000 menores atendidos. En Melilla, con 166 plazas, el límite sería 249 menores, y en Ceuta, con 88 plazas, la saturación llegaría a 132 alojados.
Superados estos márgenes, se declararía una situación de «contingencia migratoria extraordinaria». En tal caso, un órgano competente de la Administración General del Estado decidiría qué comunidad autónoma recibirá a los menores, con un plazo máximo de 15 días para efectuar el traslado según la propuesta de modificación de la Ley de Extranjería.
Actualmente, Canarias supera en 2.500 menores acogidos el umbral de saturación, lo que subraya la urgencia de una solución. Sin un acuerdo eficaz y solidario entre las comunidades autónomas, la situación de estos menores seguirá siendo una crisis humanitaria sin resolver en una de las regiones más afectadas por la inmigración en España y Europa.
