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23 Nov 2024
23 Nov 2024
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Las trabajadoras sexuales se movilizan contra Ábalos: más de 4.000 euros recaudados

Más de 450 mujeres dedicadas a los servicios sexuales han logrado reunir una cantidad cercana a los 4000 euros para defender a la periodista Cristina Seguí

Fotografía de: Agencia EFE


Las trabajadoras sexuales han salido en defensa de Cristina Seguí, una periodista que ha sido condenada a indemnizar a José Luis Ábalos con 6.000 euros por «intromisión ilegítima en su derecho al honor» tras publicar varios tuits contra el exministro de Transportes. En uno de ellos sugería que era un «cliente asiduo» a servicios sexuales. Decenas de prostitutas se han movilizado y han puesto dinero de su bolsillo para pagar la indemnización y/o el recurso de casación al Tribunal Supremo. Y lo hacen por un motivo muy claro: «Es un despropósito condenar a alguien por llamar cliente asiduo a un ministro que supuestamente contrató nuestros servicios cuando el Gobierno no para de calificar de clientes asiduos a los consumidores».

La movilización

Así lo asegura Susana Pastor, una madame conocida por su activismo contra la abolición de la prostitución, que ha sido la que ha movilizado a trabajadoras sexuales a través de varios grupos de WhatsApp. En total, se trata de 450 prostitutas que han aportado entre 10 y 200 euros cada una para sufragar la sanción. Así, en tres días ya se ha recaudado el dinero de la multa y sólo falta el necesario para cubrir los gastos judiciales habidos y por haber, cifrados en torno a los 4.000 euros, y para llegar a los cuales la demandada ha creado un crowdfunding. «Me siento orgullosa de colaborar con alguien que nos ayudó y nos sigue ayudando, y que mi sector me respalde otra vez movilizándose rápidamente y demostrando nuestra solidaridad«, celebra Pastor, que reconoce que algunas prostitutas «están poniendo una hucha» en los burdeles para que colaboren los clientes. Seguí considera ser víctima de una «injusticia» y anuncia que interpondrá un recurso de casación al Tribunal Supremo, y ha iniciado una campaña de crowdfunding en caso de no prosperar para hacer frente a estos gastos y «seguir denunciando la corrupción». En opinión de la periodista, esta sentencia «instala la peligrosa vía de que la corrupción sea dura y crudamente azotada mediante el ejercicio de la libertad de expresión de cualquier ciudadana».

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