En los últimos meses, diversas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han intensificado sus esfuerzos para reducir la burocracia y facilitar los trámites empresariales. Estas iniciativas, que buscan acelerar la actividad económica y hacer más eficientes las administraciones, se han convertido en una prioridad para los gobiernos regionales, adelantándose incluso a las propuestas del Gobierno central. Actualmente, Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura, Murcia, y la Comunidad Valenciana lideran este proceso con la aprobación de leyes de simplificación administrativa que persiguen un mismo fin: agilizar y modernizar la administración pública.
El Gobierno de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, fue pionero en este sentido con la aprobación de la Ley de Mercado Único, cuyo objetivo es armonizar las normativas a nivel regional y facilitar la implantación de actividades económicas. Esta ley ha servido como referencia para otras comunidades, entre ellas Aragón, que en 2021 aprobó su propia ley de simplificación administrativa, marcando el inicio de una tendencia que ha sido adoptada por cinco comunidades más.
Un ejemplo reciente es el Gobierno valenciano de Carlos Mazón, que en junio de 2023 aprobó el plan Simplifica 2024-2026, con el objetivo de mejorar los procesos regulatorios y organizativos dentro de la administración pública. Este plan incluye la creación de la Dirección General de Simplificación Administrativa, destinada a coordinar las medidas urgentes que faciliten el funcionamiento de las instituciones locales y autonómicas.
Retraso del Gobierno central
La velocidad y eficacia de las comunidades autónomas han dejado al Gobierno central en una posición rezagada en términos de simplificación administrativa. La ministra de Empresa, Empleo y Economía Social de Murcia, Marisa López Aragón, subrayó que mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha comenzado apenas con un diagnóstico de barreras administrativas, comunidades como Murcia ya llevan años implementando medidas efectivas en este ámbito. De hecho, Murcia está a punto de aprobar su cuarta ley de simplificación administrativa, lo que posiciona a la región como una de las más avanzadas en la materia.
Además, López Aragón destacó que desde 2022, su comunidad admite las autorizaciones de otras regiones, un paso clave para facilitar el desarrollo de empresas en un entorno cada vez más interconectado. Este enfoque, también adoptado por la Comunidad de Madrid, es una muestra del compromiso de los gobiernos autonómicos para reducir barreras al emprendimiento.
En medio de estas iniciativas, surge la advertencia de expertos europeos sobre la fragmentación del mercado dentro de la Unión Europea. Según el ex primer ministro italiano Enrico Letta, Europa enfrenta una seria división con 27 mercados únicos que dificultan la competitividad y la sostenibilidad de las empresas. La preocupación se centra en que, sin una mayor integración, el continente europeo corre el riesgo de quedar rezagado frente a potencias como China y Estados Unidos. Este mensaje ha sido respaldado por el PSOE, que recientemente invitó a Letta a presentar su informe, poniendo de relieve la necesidad de simplificación no solo a nivel nacional, sino también en el contexto europeo.
Andalucía y Cantabria
Otras comunidades, como Cantabria y Andalucía, también han tomado medidas en la simplificación administrativa. En agosto de 2023, Cantabria, bajo la dirección de María José Sáenz de Buruaga, aprobó un anteproyecto de ley con el objetivo de convertir a la región en una de las más ágiles del país en términos burocráticos. Entre las medidas destacadas se encuentra la generalización del silencio administrativo positivo y la declaración responsable, lo que permite a las empresas operar con mayor rapidez sin esperar largos procedimientos administrativos.
En el caso de Andalucía, la comunidad ha avanzado con la aprobación de un cuarto decreto de simplificación administrativa, que modifica más de 176 normas y reduce en un 90% el número de aplicaciones de la Junta. Esta reforma tiene como objetivo eliminar los cuellos de botella que ralentizan los procesos y facilitar la creación de nuevas empresas.
Extremadura
Extremadura, por su parte, ha puesto en marcha un plan para modernizar los ayuntamientos y reducir la burocracia, centrándose en homogeneizar formularios, simplificar el marco regulatorio y garantizar la trazabilidad de la información. Según Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta, el papel de los ayuntamientos es clave para garantizar que la administración sea más ágil y eficiente, poniendo a los ciudadanos y las empresas en el centro de los servicios públicos.
La reducción de la burocracia no solo es una demanda de las administraciones, sino también del sector privado. Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos, ha destacado que la burocratización «ralentiza la economía» y genera importantes costes para las empresas, especialmente en la fase inicial de su actividad. Cada día que una empresa no puede abrir o funcionar plenamente, se traduce en pérdidas económicas. Santiago aboga por una mayor colaboración entre las administraciones y los gestores administrativos, que cuentan con el conocimiento y las herramientas para facilitar los trámites a los ciudadanos.
