La Policía Nacional y La Guardia Civil liberaron 1.466 víctimas de redes de trata y explotación sexual o laboral en 2023, dieciocho de estos una misma persona había sido víctima de más de un delito según un balance publicado por el Ministerio del Interior.
Los datos conformados por el balance muestran que en total se han realizado 409 operaciones, que significaron la detención de 923 personas y la desarticulación de 109 organizaciones y grupos criminales. Además, se llevaron a cabo 7.570 inspecciones administrativas a locales dedicados a la prostitución y a centros de trabajo. Estos datos se han obtenido del “Balance Estadístico 2023 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España”, el cual está elaborado por el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado procedente del Ministerio del Interior.
Hay que destacar que, del número total de víctimas, 497 habían sido captadas por redes criminales de trata de seres humanos, que habían sido engañadas o retenidas mediante el uso de la violencia o mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad, es decir, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas.
Así, 982 son víctimas de explotación sexual en entornos de prostitución. Este grupo también diferencia de las víctimas de entorno laboral, con condiciones de restricción, aunque no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación a través de una red organizada de trata de personas.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 28 organizaciones criminales
Según recoge el CITCO se han liberado un total de 294 víctimas de redes de trata de personas para su explotación sexual. En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, el número se eleva a 370 mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, España y Venezuela. Las 196 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 80 grupos y organizaciones criminales y la detención de 575 personas, la mayoría de nacionalidad española.
Así, la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo 1.677 inspecciones administrativas en lugares donde se ejercía la prostitución. De estas acciones se pudo identificar a 7.049 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.
La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 28 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 334 personas. Como en el caso anterior Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 5.893 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 18.813 trabajadores.