Pedro Sánchez en una reunión con la AEMET // Moncloa
La reciente DANA que ha azotado la Comunidad Valenciana ha puesto en evidencia tensiones entre la Policía Nacional y el Gobierno de Pedro Sánchez. Agentes policiales han expresado su frustración ante la falta de un plan de respuesta estatal coordinado, lo que ha generado una sensación de impotencia entre los efectivos que desean ayudar en una de las peores catástrofes naturales que ha vivido esta región.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han declarado que, en este caso, el Gobierno no asumirá la gestión directa de la emergencia, sino que se limitará a coordinar esfuerzos. Sin embargo, la Policía Nacional considera que las medidas adoptadas no son suficientes. Marlaska anunció que los agentes podrán actuar fuera de sus áreas de competencia, pero exclusivamente para evitar saqueos en zonas afectadas por las inundaciones. Esta limitación ha sido recibida con críticas, ya que muchos agentes están en Valencia pero sin una función de ayuda directa a los damnificados.
La falta de activación del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), aprobado en 2020, ha sido uno de los puntos más criticados. Este plan prevé movilizar recursos y coordinar a diferentes cuerpos de seguridad y emergencia en situaciones que superan la capacidad de respuesta de una sola comunidad autónoma. Fuentes policiales aseguran que esta DANA representa una emergencia de «interés nacional» y que la declaración de “situación operativa 3” habría permitido coordinar la movilización de recursos adicionales desde otras regiones, bajo la dirección del Ministerio del Interior.
Los agentes de la Policía Nacional en la zona han señalado la falta de colaboración como un obstáculo importante para su labor. Eduardo, representante provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), ha lamentado la falta de acción: “No nos parece normal que no nos dejen colaborar con quienes lo necesitan. Hay ciudadanos que carecen de agua, comida y ropa, y no hay agentes de la Policía Nacional brindando asistencia humanitaria”. Según él, la carga de trabajo ha recaído en la Guardia Civil y en cuerpos de policía local, que se encuentran al límite de sus capacidades.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha solicitado al Gobierno central que declare el estado de «emergencia de interés nacional» para activar el plan de Protección Civil. Esta petición ha sido respaldada por otros actores políticos, quienes consideran que la situación actual en Valencia requiere un enfoque estatal. Podemos, por su parte, ha propuesto que se declare el Estado de Alarma para poder implementar un despliegue más amplio de recursos.
A pesar de la situación crítica, agentes de la Policía Nacional están limitados en sus funciones debido a que la respuesta directa a la emergencia sigue siendo competencia de la Generalitat Valenciana, según el Gobierno central. La ministra de Defensa, Margarita Robles, recordó que la dirección de la emergencia corresponde a las autoridades autonómicas.
Mientras tanto, Eduardo y otros representantes sindicales insisten en que «las competencias deberían quedar en segundo plano en una catástrofe como esta. Todos deberíamos estar colaborando«. Las críticas apuntan a la politización de la respuesta ante esta crisis, lo cual, afirman, está impidiendo que cuerpos capacitados como la Policía Nacional puedan ayudar a los ciudadanos afectados en Valencia.
