El Ministerio de Hacienda ha revelado a la juez, encargada de investigar el presunto delito fiscal de David Fiscal, la identidad de los funcionarios de su ministerio que redactaron y enviaron un informe que exculpaba al hermano del presidente del Gobierno de no declarar el IRPF en España.
El informe remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha desvelado que los tres inspectores de Hacienda que participaron en este polémico texto son la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño; y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez.
Este texto remitido a la juez señala que los tres inspectores, María Encarnación Cabezas Martín, Emilio Hurtado Valiño y Clara Isabel Santos Diéguez, redactaron la exculpación de David Sánchez de “forma conjunta”. Estos se encargaron de “la consulta de los datos que constan en las bases de datos de la Agencia Tributaria” sobre David Sánchez, “del análisis de los mismos” y de redactar las conclusiones. No obstante, señala que Santos Diéguez actuó como coordinadora.
La juez encargada del caso, Beatriz Biedma, pidió el pasado mes de junio a la Agencia Tributaria un informe que estuviera compuesto por información detallada sobre el país donde ha fijado su residencia fiscal el hermano del presidente del Gobierno, el periodo en el que este habría realizado dicho cambio.
Hacienda presenta un informe justificando el polémico informe presentado sin firmar
También pidió que se incluyera información especificando si fijar su residencia en Portugal era compatible con su cargo y carrera profesional en Badajoz. A las pocas semanas recibió el informe polémico, pero no constaba la firma de los inspectores que lo habían redactado.
Semanas después de presentar este informe, La Agencia Tributaria ha justificado el anterior informe señalando que el oficio del juzgado no encuadró requerimiento ni como informe de delito fiscal ni como auxilio judicial, por lo que se tramitó “como una petición de cesión de información no estructurada” regulada por el convenio de colaboración suscrito en septiembre de 2010 entre el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, el Ministerio de Justicia y Hacienda, según ha publicado el medio The Objective.
Este informe presentado por Hacienda insiste en que el cumplimiento del oficio se puso a disposición del órgano de gobierno de los jueces el expediente electrónico generado, “que incluía, entre otra documentación, un documento en el que se daba contestación a la petición de información. En el índice del expediente electrónico consta la huella electrónica que garantiza la inalterabilidad de dicho escrito”, según ha publicado el medio The Objective.
