Pedro Sánchez ha denunciado lo que califica como una «campaña de desprestigio y acoso judicial» en su contra y contra su familia, señalando que se lleva a cabo «por tierra, mar y aire», pero sus declaraciones han sido vistas por algunos sectores como un intento de victimización para desviar la atención de los múltiples escándalos que salpican a su entorno. El presidente alude a investigaciones judiciales como el controvertido «caso Koldo», pero evita profundizar en otras cuestiones que afectan a miembros de su Ejecutivo y que han despertado serias dudas sobre su gestión.
El más reciente episodio de esta controversia lo protagonizó el juez Manuel Ruiz de Lara, quien, a través de la red social X (antes Twitter), lanzó calificativos como «Barbigoña» hacia Begoña Gómez, esposa del presidente, y tachó a Sánchez de «psicópata». Desde el PSOE y Moncloa se apresuraron a condenar estas declaraciones, exigiendo medidas disciplinarias. «La justicia debe servir a la ciudadanía y no ser utilizada para ataques personales o políticos,» señalaron fuentes gubernamentales, aunque este énfasis en el ataque personal podría ser interpretado como una estrategia para evitar abordar las cuestiones de fondo sobre las que el juez ha sido crítico.
En un comunicado, el PSOE sostuvo que «estas actitudes socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales». Sin embargo, estas palabras han sido criticadas por aquellos que consideran que el Ejecutivo también ha contribuido al deterioro de la confianza en las instituciones al politizar el Poder Judicial y usarlo en beneficio propio. «El respeto y la imparcialidad son esenciales, pero deben ser defendidos de manera recíproca,» apuntan voces críticas que recuerdan cómo el Gobierno ha ignorado reiteradamente las demandas de renovación del CGPJ bajo criterios objetivos y no partidistas.
Por su parte, varios diputados socialistas y ministros, como la titular de Igualdad, Ana, acudieron a las redes sociales para condenar los comentarios del juez. «El insulto al presidente y a su esposa por parte de un juez es profundamente antidemocrático,» afirmó Ana, exigiendo una acción firme por parte del CGPJ. Sin embargo, estas declaraciones han sido percibidas por algunos como un ejercicio de doble moral, dado que el Gobierno ha tolerado discursos despectivos y polarizantes en otras esferas sin mostrar el mismo nivel de preocupación.
En este contexto, resulta difícil ignorar que las acusaciones de Sánchez contra el sistema judicial coinciden con momentos en los que su liderazgo está siendo cuestionado. En lugar de abordar las críticas con transparencia, el presidente parece optar por atribuir los problemas a una conspiración judicial y mediática. Esta narrativa, aunque efectiva para sus seguidores, refuerza la percepción de un líder más centrado en su supervivencia política que en la solución de los problemas que afectan a España.
