Esta semana se ha conocido que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con el partido liderado por Arnaldo Otegi, EH Bildu. Éste reforma de manera íntegra la ley de Seguridad Ciudadana, también llamada ley Mordaza por la izquierda.
Ésta es por el momento la última concesión del Ejecutivo de Sánchez a su socio favorito, desde que decidieron unirse hace seis años. Un matrimonio político que comenzó con la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa, que no dudó en repetir en varias ocasiones: “con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco o veinte veces”. Finalmente llevan seis años trabajando juntos. Esta propuesta de reforma llega al mismo tiempo que la concesión del tercer grado a los etarras Harriet Iragui y Luis Mariñelarena por parte del Gobierno Vasco.
El apoyo de los nacionalistas vascos y etarras no le ha salido gratis a Pedro Sánchez. Antes de que EH Bildu brindase su apoyo a Sánchez, éste tuvo que cumplir una peticiones del partido como el acercamiento y excarcelación de etarras.
Sánchez permite que 44 exetarras ejerzan cargos públicos
Hace tres años Otegi hizo su declaración de intenciones más elocuente: “Tenemos 200 presos, y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos sin ningún problema”. Así desvelaba a los españoles cuál iba a ser el verdadero pacto entre los socialistas y Bildu. Como contaba El Debate el pasado agosto, el Gobierno vasco concedió el tercer grado en un sólo año a 32 etarras.
La segunda cesión de Sánchez a EH Bildu para poder gobernar con su apoyo fue expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Sánchez y sus socios votaron en el Congreso a favor de la modificación del Amejoramiento del Fuero de Navarra que permite que las competencias en materia de tráfico sean competencia exclusiva del Gobierno navarro, y, por tanto, que de ello se encarguen los policías forales y no la Guardia Civil. Esta decisión se enmarca en un plan para ir desmantelando dicho cuerpo policial en Navarra.
La tercera cuestión ha sido la Ley de Memoria Democrática. EH Bildu presentó en las últimas elecciones municipales a 44 condenados por pertenecer a ETA, siete de los cuales tenían delitos de sangre. Se pudieron presentar en estas listas porque esta ley ampara que asesinos de ETA pudieran ejercer un cargo público, una norma con la que el Gobierno, dando un paso más allá respecto a la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, pretendiendo reescribir parte de la historia de España, de la mano de los de Otegi.
