El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat Valenciana, encabezada por Carlos Mazón, han asignado 385 millones de euros para reparar los daños causados por la riada del pasado 29 de octubre en Valencia. Estas adjudicaciones, realizadas sin publicidad, han beneficiado mayoritariamente a constructoras valencianas, algunas de las cuales tienen antecedentes de corrupción.
Entre las empresas que han recibido contratos, Aguas de Valencia y Torrescamara destacan al haber obtenido encargos por valor de más de 251,5 millones de euros. Esto representa el 65,3% del total adjudicado. Los contratos, en su mayoría de emergencia, carecen de pliegos detallados, limitando la competencia y permitiendo que un pequeño número de empresas domine las adjudicaciones.
El contrato más importante, formalizado el 13 de noviembre, asigna 31,1 millones de euros a Aguas de Valencia y Torrescamara para la reconstrucción de infraestructuras fluviales. Este incluye la rehabilitación de embalses y acueductos, como los del Poyo y la Horteta, y la reparación de daños en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).
Torrescamara, una de las empresas beneficiadas, está implicada en otros contratos en Valencia y La Rioja, y actualmente está bajo investigación por presunto pago de comisiones a cambio de pliegos durante la etapa de José Luis Ábalos. La Confederación Hidrográfica del Júcar, tras décadas de inactividad y falta de mantenimiento de las cuencas de los ríos, se ha visto obligada a realizar estas obras urgentes para mitigar los efectos de la riada.
El análisis del diario THE OBJECTIVE muestra que la mayoría de las empresas beneficiarias son constructoras valencianas. Algunas de ellas, salpicadas por escándalos de corrupción. En concreto, ocho empresas –Aguas de Valencia, Torrescamara, Becsa, Senda, FCC, CHM Obras, Pavasal y Rover Rail– acumulan encargos que superan los 251,5 millones de euros. Esto supone más de seis de cada diez euros -65,3%-. Los principales licitadores han sido la Consejería de Medio Ambiente valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar y Ferrocarriles de la Generalitat.
Todos estos contratos, la mayor parte de emergencia, no recogen pliegos y la información que aporta la Plataforma de Contratación es mínima. El procedimiento negociado sin publicidad, que debería ser excepcional, impide la aparición de candidaturas no invitadas, lo que restringe de forma especial la concurrencia. El mínimo de invitaciones es tres, pero no prevé un mínimo de participantes. La competencia media de los contratos negociados con publicidad supera las tres candidaturas. Mientras, en los negociados sin publicidad la pugna se limita, de media, a 1,2 licitadores.
Después de décadas sin ejecutar obras, sin inversiones de calado y con un mantenimiento deficiente de las cuencas de los ríos, la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha visto obligada a acometer ahora actuaciones urgentes. La facilitada a Torrescamara y a Aguas de Valencia prevé rehabilitar embalses e infraestructuras y, en concreto, los acueductos del Poyo y de la Horteta. Además, contempla actuaciones en el Río Magro. Mientras, el pasado 20 de noviembre, el organismo encargado del mantenimiento de las cuencas fluviales encargó obras de emergencia para la reparación de daños en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) ocasionados por la dana.
