Koldo García Izaguirre, exchófer y escolta de Ábalos, se convirtió en una figura clave tras gestionar contratos millonarios para la compra de mascarillas. Según la investigación, Koldo habría facilitado el contacto entre empresas y diversas administraciones públicas, incluyendo los gobiernos de Baleares, Canarias y el Ministerio de Transportes. El presunto enriquecimiento ilícito de Koldo, quien acumuló propiedades por valor de 1,5 millones de euros en dos años, es uno de los puntos principales del caso.
Junto con Koldo, también han aparecido en la investigación los nombres de Joseba García, su hermano, investigado por su participación en las operaciones de compra, y Patricia Uriz, esposa de Koldo, que aun no siendo investigada, aparece en el sumario debido a que muchas de las propiedades de su esposo están a su nombre.
José Luis Ábalos, el exministro de Transportes durante el gobierno de Pedro Sánchez, es una de las figuras clave en la investigación. Aunque no está imputado, se le vincula con la trama por la cercanía con su asesor Koldo García Izaguirre, considerado el epicentro de la red. Koldo facilitaba contratos para la adquisición de mascarillas a través de su relación con organismos vinculados al ministerio de Ábalos, como Adif y Puertos del Estado.
Otro nombre destacado es el del empresario Juan Carlos Cueto, quien controlaba la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, encargada de la distribución de mascarillas. Según la investigación, esta operación le generó un beneficio cercano a los 9,6 millones de euros. Aunque inicialmente se encontraba fuera del país, Cueto regresó a España y defendió la legalidad de los contratos en el Juzgado Central de Instrucción.
Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, también está implicado en la trama. Se le acusa de haber captado a Koldo a través de su hermano, Rubén Aldama, otro escolta de Ábalos. Aldama habría obtenido beneficios millonarios, parte de los cuales utilizó para comprar coches de lujo y financiar negocios fallidos.
Ángel Víctor Torres, el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, también está vinculado al caso. Durante su mandato, Canarias adquirió mascarillas por valor de 6,87 millones de euros a la red de Koldo y sus socios. Además, se han encontrado intercambios de mensajes entre Torres e Ignacio Díaz Tapia, uno de los socios de De Aldama.
Por otro lado, Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno balear, también ha sido salpicada. Su administración pagó grandes sumas a la empresa vinculada a la trama. Aunque Armengol ha comparecido para dar explicaciones, la investigación sigue su curso
También Salvador Illa, exministro de Sanidad, ha sido señalado en la investigación, ya que la Guardia Civil ha encontrado pruebas de que dio luz verde para la compra de mascarillas defectuosas en Canarias. A esto se suma su relación con un contrato multimillonario para la adquisición de material sanitario a precios elevados durante la pandemia.
El subteniente de la Guardia Civil, José Luis Rodríguez, es considerado por los investigadores como una figura «clave» en la trama del caso Koldo. Se le atribuye el papel de conectar a los representantes del Ministerio de Transportes con los empresarios involucrados en el esquema de compra de mascarillas. Además de su servicio en la Benemérita, Rodríguez aparece vinculado a una empresa de pizarras en Valdeorras (Orense), donde habrían terminado parte de los beneficios obtenidos a través de la trama. Asimismo, recibió cinco transferencias de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL entre marzo y septiembre de 2021. Junto a él, otros intermediarios también están bajo escrutinio, como Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis, quien es investigado por su papel como «enlace» en un contrato con Correos valorado en 1,8 millones de euros.
Rubén Villalba, subteniente de la Guardia Civil, que, según la investigación, habría facilitado contactos clave entre empresarios y administraciones públicas para cerrar contratos fraudulentos. Su papel como intermediario fue crucial para el éxito de la trama, para lo que fue designado por el Gobierno como enlace en Venezuela.
Álvaro Sánchez Manzanares, conocido como «Alvarito» en las conversaciones de Koldo, mantiene su cargo como secretario general de Puertos del Estado. La investigación ha revelado que Sánchez Manzanares continuó en contacto con Koldo García incluso tras la llegada de Óscar Puente al Ministerio de Transportes. Desde su posición en Puertos, participó en la adjudicación del mayor contrato de la trama, valorado en más de 20 millones de euros. Además, Koldo recurrió a él en relación con una reclamación del gobierno balear, relacionada con el material defectuoso suministrado durante la pandemia.
Jacobo Pombo, presidente del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF) y exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, está señalado por los investigadores como otro intermediario en la trama del caso Koldo. Según la investigación de la Guardia Civil, Pombo habría participado en las gestiones realizadas por Koldo García para intentar solucionar una reclamación de 2,6 millones de euros interpuesta por el Gobierno de las Islas Baleares contra una de las empresas de la trama. Pombo también ha sido vinculado a encuentros organizados por Koldo en la marisquería La Chalana de Madrid, lugar habitual de reuniones clave para las operaciones de la trama. Además, se le ha relacionado con viajes a México y Perú en el marco de los eventos del foro de jóvenes líderes que preside, en los cuales también habría participado Koldo García.
