El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz ha presentado una propuesta para la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas este año y a 37,5 horas el próximo antes del inicio del periodo vacacional de verano. Este nuevo borrador del anteproyecto de ley ha sido enviado a los agentes sociales y será discutido en una reunión el próximo lunes.
Un máximo de 80 horas extraordinarias
El texto contempla que los empleados a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias por encima del límite legal establecido, manteniendo el tope en 80 horas extra anuales, a pesar de las objeciones y demandas de los empresarios que no han sido atendidas por el Ministerio.
Fuentes del sector empresarial critican el texto como «político, carente de rigor y sin concesiones a la patronal, especialmente en cuanto a las horas extra y la flexibilidad de la jornada».
Incremento salarial en proporción al cambio
Según el borrador, los trabajadores con jornada parcial podrán mantener el mismo número de horas trabajadas después de que entre en vigor la reducción de la jornada laboral, recibiendo un incremento salarial proporcional a cambio: “las personas trabajadoras con jornada reducida (…) tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma, con los efectos salariales previstos en el apartado anterior“.
Conversión del contrato si se superan las horas establecidas
Además, se establece que aquellos empleados con jornada reducida podrán solicitar mantener el mismo porcentaje de reducción de jornada con respecto a la nueva jornada laboral. En caso de contratos a tiempo parcial que igualen o superen la jornada máxima semanal prevista, serán automáticamente convertidos en contratos de trabajo a tiempo completo.
Sanciones establecidas por incumplimiento de la norma
El documento también detalla las sanciones en caso de violación de las normativas sobre jornada laboral, horas extraordinarias, descansos, vacaciones, permisos y registro de jornada, con multas que oscilan entre 1.000 y 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
