La catástrofe de la DANA ha asolado la Comunidad Valenciana, se trata de uno de los mayores desastres naturales de la historia de España. Hemos visto grandes de los mejores gestos de la población en este oscuro episodio, desde muestras de altruismo y solidaridad como los vecinos cruzando el puente de Picanya, los voluntarios llegados de todos los puntos de la geografía española y el fervor en las entradas de los supermercados de España para enviar víveres.
Pero la nota negativa es sin duda la utilización política de la catástrofe. El como ni aún en uno de los peores episodios de la historia de España, las fuerzas políticas no pueden dejar de lado sus diferencias y arrimar el hombro para ayudar a la población de a pie. Población que es quien verdaderamente está sufriendo las consecuencias de la catástrofe. El hecho de que los reyes, Mazón y Pedro Sánchez hayan sufrido la ira de un pueblo furibundo ante el desastre, es un síntoma de la indignación ante el ninguneo al que Administración central y autonómica han sometido al pueblo valenciano.
Sánchez y Mazón, los verdaderos culpables
Las cadenas de negligencia se predican tanto del gobierno autonómico de Mazón como desde el gobierno central de Pedro Sánchez. Estamos ante una situación que pone de manifiesto el modelo territorial deficiente consagrado por el régimen del 78 con la Constitución. Un modelo territorial que a nivel competencial está basado en las contradicciones, autonomías de primera y de segunda así como un caos normativo que lejos de atajar los problemas de raíz los entorpece.
El problema no radica en pasarse la pelota entre los actores que tienen responsabilidad o en escurrir el bulto de una forma miserable intentando volcar la culpa sobre el adversario político, sin asumir que el agravamiento de los daños viene dado por la dejadez y el pasotismo de los organismos encabezados por Mazón y Sánchez. El problema viene dado por el hecho de que ante una situación de riesgo de este estilo, con las pruebas que se tienen, las Administraciones no han podido asumir un mando de acción conjunta y coordinada para hacer frente a la catástrofe.
El conocido como «café para todos» por el que el régimen del 78 cimentó el modelo territorial no deja de ser un eslogan vacío. En la práctica existe una asimetría entre autonomías primándose la desigualdad. Se duplican las competencias e instituciones, por lo que el entorpecimiento en el funcionamiento y la poca agilidad dificulta un funcionamiento estatal claro. Tal es así que los avisos se han sucedido, nadie ha movido un dedo y cuando el desastre era inminente el ego impide entonar un «mea culpa» viéndose que ni Mazón ni «su Sanchidad» han agachado la cabeza. Algo que ha desatado la indignación de los vecinos a los que los numerosos medios de comunicación y el gobierno ha criminalizado tachándolos de ultras.
Modelo competencial ineficaz
La discusión sobre quien tiene las competencias de actuación recuerda a un partido de tenis, la bola va de lado a lado sin obtener una respuesta clara. Si tomamos la Constitución podemos ver que ahí se encuentra la raíz del problema, con caóticos artículos como el 148 y 149 vemos como funciona un régimen competencial que lejos de ordenar crea cajones de sastre y perpetua un marco normativo macarrónico. Las competencias deberían quedar ya definidas en la Constitución, sin posibilidad de que autonomías asuman más competencias que otras. Sin posibilidad de que los Estatutos de Autonomía asuman más competencias de las que el gobierno central y creando una estructura centralizada.
Por otro lado, teniendo en consideración el hecho de que en este tipo de catástrofes superan las magnitudes normales de lo que es una contingencia meteorológica, es lógico y evidente que debe ser el estado la administración central quien asuma la competencia en materia de protección civil. Todo mediante la declaración del estado de alarma. Un estado de alarma que en una circunstancia así si tiene un sentido jurídico efectivo, pues la ley 4/1981 por la que se regulan los estados de alarma, excepción y sitio tipifica las catástrofes naturales tales como inundaciones como uno de los presupuestos lógicos para declararlo.
Aquí el estado de alarma tiene un sentido claro, no como en la pandemia que fomentó un régimen liberticida y laminador para con los derechos fundamentales. En un caso como este la protección civil debe recaer en el gobierno central quien coordine con los militares una entrada directa en la zona afectada, dejándose de lado la duplicidad de la autonomía atendiendo de manera directa y coordinada la contingencia. Resulta bochornoso el como se ha dilatado la entrada de los militares por disputas de ego, en una situación así, se ha visto que el modelo descentralizado de protección civil resulta absolutamente ineficaz.
La formula de un estado «unitario pero descentralizado», un estado cimentado en una formula híbrida entre el federalismo y el centralismo ha causado un agravamiento de este desastre. Si tomamos el artículo 103 de la CE en el que se describen los principios rectores de la actuación de la administración ( eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación) podemos obtener la conclusión de que esta catástrofe ha supuesto la liquidación de los mismos. Desde luego el caos comunicativo entre actores como UME, AEMET, Mazón, Conferencia Hidrográfica del Júcar demuestra el como este modelo territorial ha fracasado, el como las culpas pasan de forma miserable entre entes y organismos demuestra que la eficacia y la coordinación brillan por su ausencia.
Esta vez el perjuicio de un modelo territorial caduco, desigual e injusto, esta vez no hemos vivido el sablazo de una fiscalidad injusta causada por el modelo territorial, esta vez la falta de coordinación que caracteriza esta estructura se ha saldado con más de 200 muertos y varios desaparecidos. Todo el circo mediático, armado por los lacayos de la partitocracia para escurrir el bulto no deja de ser la cortina de humo para no asumir las culpas. Instaurar un relato mediático como arma arrojadiza ocultando que el núcleo de la desgracia radica en una estructuración territorial deficiente y canallesca.
