Se puede decir más alto, pero no más claro. El socialismo inmobiliario, sencillamente, no funciona. No funciona ni funcionará. Y cuanto más se incida en el error, peores serán las consecuencias, especialmente para las rentas bajas y las familias más vulnerables.
España tiene un grave problema en el mercado de la vivienda. Tanto es así que hasta sus responsables, los partidos de izquierda que gobiernan desde hace seis años, admiten las crecientes dificultades que padecen los españoles tanto para comprar como, especialmente, para alquilar un inmueble.
El precio medio para comprar casa ha subido más de un 33% desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno a mediados de 2018, al pasar de 1.635 euros por metro cuadrado a 2.176 euros, según datos del portal inmobiliario Idealista. Y algo similar sucede con el alquiler, cuyo precio medio ha subido un 29%, desde los 10,4 euros por metro cuadrado a 13,4 euros.
Y dicho aumento se ha acelerado en los últimos cuatro años, coincidiendo con la histórica deriva intervencionista que puso en marcha el Gobierno en 2020, tomando como excusa el estallido de la pandemia. Desde entonces, entre otras medidas, se han dificultado enormemente los desahucios por impago de alquiler, sobre todo en el caso de familias calificadas como “vulnerables”, y se han limitado las subidas anuales de la renta, al tiempo que algunas comunidades autónomas, como Cataluña, han apostado por fijar precios por debajo del mercado en “zonas tensionadas”, gracias a la Ley de Vivienda aprobada en 2023.
Como resultado, la oferta de vivienda en alquiler ha caído con fuerza, casi un 30% desde 2020, mientras la demanda se mantiene o sube, con lo que los precios siguen al alza y cada vez se hace más difícil y caro acceder a una vivienda para un creciente volumen de españoles. Así pues, lejos de solventar nada, los políticos han terminado acentuando el problema de forma muy sustancial. Los controles de precios han reducido la oferta de pisos y las ayudas al alquiler que reparten las diferentes administraciones a los inquilinos de menos renta tampoco funcionan, ya que, en general, acaban en manos de los propietarios mediante nuevas subidas de precios.
La última ocurrencia de la izquierda para tratar de resolver el desaguisado que ellos mismos han creado es, si cabe, aún peor. Desde Sumar y Podemos, por ejemplo, plantean ya abiertamente prohibir la compra de vivienda para destinarla al alquiler, tanto por parte de extranjeros como de nacionales. Tampoco es algo nuevo. Ya se ha aplicado en otros países años atrás y el resultado siempre ha sido el mismo: menos oferta, precios más altos, mayor gentrificación y muchas más dificultades de acceso para las rentas menos pudientes.
El hombre es el único que tropieza dos, tres y hasta mil veces en la misma piedra, pero este dicho popular es particularmente cierto en el caso del socialismo patrio. Mientras no se acabe con los constantes ataques a los propietarios, el problema de la vivienda en España no tendrá solución.
