El pasado miércoles, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, comparecía ante los medios señalando a estas grandes compañías, mencionando que “ofrecen productos de baja calidad a precios demasiado bajos, no pagan aranceles europeos y ponen en riesgo el comercio local. La prioridad es el comercio nacional y exigimos defendernos de estas plataformas extranjeras.”
Continuaba señalando a estas grandes plataformas, concluyendo que “la prioridad es el comercio nacional, y la protección de los datos. Defender a nuestros productores frente a la competencia desleal que ejercen estas grandes plataformas extranjeras.”
Ya hemos visto las consecuencias en el precio de la vivienda cuando, a través de políticas que desprotegen al casero, se prioriza al inquilino a toda costa. Muchos propietarios retiran sus viviendas del mercado de alquiler, lo que termina elevando los precios y provocando el efecto contrario al que se buscaba inicialmente.
De manera similar, un aumento excesivo de los impuestos a la producción provoca una reducción de esta. Durante años, hemos visto cómo se imponen trabas al pequeño comercio a través de burocracia y cargas fiscales constantes. Al mismo tiempo, los consumidores nos enfrentamos a una creciente carga impositiva que parece no terminar nunca. Sin embargo, a la hora de buscar responsables, parece que el problema recae en quienes optan por no regular el comercio, mientras que la desprotección del pequeño comercio se atribuye a las grandes compañías, que ofrecen sus productos a precios más bajos para todos los ciudadanos.
La consecuencia de una política intervencionista como esta recaería, no en los grandes capitales, sino en los bolsillos más pequeños. Los más vulnerables serían los primeros en notar cómo su vida se encarece rápidamente. Ropa, tecnología, transporte, comida, servicios… Absolutamente todas las actividades de nuestra vida se ven beneficiadas de la competencia entre compañías, que democratizan los avances tecnológicos y hacen que el bienestar llegue, no solo a los más pudientes, sino también a los más vulnerables.
Existen países cuyas políticas no coinciden con las de la Unión Europea. India y China, pero también Estados Unidos o Corea del Sur, tienen enfoques en materia de derechos laborales muy distintos a los europeos. Sin embargo, no debemos caer en el discurso manipulador que desvía la atención del verdadero problema: en España, el comercio enfrenta un infierno fiscal que desincentiva la inversión y, por ende, la generación de riqueza.
El bienestar, tal como lo conocemos hoy, se sustenta en el comercio, y este se fomenta reduciendo impuestos, incentivando la competencia y bajando los precios. No tiene sentido retirar bienes baratos del mercado si los ciudadanos no pueden asumir el coste desproporcionado de ciertos productos al sumarle la carga impositiva.
Es válido preocuparse por las políticas de otros países, pero hacerlo sin atender las propias contradicciones no es consecuente. España enfrenta un problema real que golpea directamente a la clase media, que está en peligro de desaparecer. La mayoría de los jóvenes no pueden independizarse, tienen dificultades para comprar un coche o una vivienda, y es un secreto a voces que las pensiones no estarán garantizadas. En este contexto, priorizar el aumento de impuestos sobre la reducción del coste de vida no solo parece incoherente, sino también un obstáculo para el progreso.
Respeto el discurso, aunque no lo comparto, de quienes defienden el imponer aranceles al comercio extranjero. Sin embargo, no os dejéis engañar: eso no garantiza un impulso al comercio nacional. Por encima de cualquier otra cosa, el comercio se garantiza bajando impuestos, eliminando burocracia, y protegiendo a la clase media. Nunca empobreciéndola.
