Pintadas catalanistas en Aragón. Fuente: Heraldo de Aragón
España se define como una sociedad que se reivindica como plural y democrática. Por lo que, el derecho a expresarse libremente debería estar fuera de todo debate. Sin embargo, en varias comunidades autónomas de España, como Cataluña, el País Vasco o la Comunidad Valenciana, ha tomado forma una figura que, aunque no siempre tiene nombre oficial, ejerce una presión silenciosa, y en ocasiones muy evidente, sobre los ciudadanos: la denominada “policía lingüística”
Este concepto, que inicialmente podría sonar a distopía, se ha hecho hueco en el discurso público como símbolo de una política de normalización lingüística que, bajo la aparente defensa de las lenguas cooficiales, termina coartando libertades fundamentales.
Esta policía lingüística no está formada por agentes uniformados, pero actúa a través de oficinas, inspectores, normativas y auditorías que vigilan y sancionan el uso del castellano en ámbitos tan cotidianos como la educación, la sanidad, la administración o incluso los comercios. Quienes optan por expresarse en castellano, lengua oficial del Estado y hablada por la inmensa mayoría de los ciudadanos, pueden verse señalados, marginados o, en el peor de los casos, excluidos de procesos laborales o educativos.
Esta dinámica genera un clima de tensión social y amenaza con erosionar un pilar básico de cualquier democracia: la libertad de expresión.
Fomento de las lenguas cooficiales como idioma oficial de España
Lejos de fomentar la convivencia entre lenguas, esta imposición crea una brecha entre ciudadanos, promoviendo una visión excluyente del uso lingüístico. En este reportaje analizaremos cómo esta figura se manifiesta en distintas regiones de España, las consecuencias reales que tiene sobre quienes quieren hablar castellano y los peligros que implica para los derechos fundamentales en un país que debería abrazar su diversidad, no temerla.
Así, durante el Gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana (2015-2023), se creó la Oficina de Derechos Lingüísticos, cuya función principal era informar a los ciudadanos sobre cómo presentar quejas si consideraban vulnerados sus derechos lingüísticos, especialmente en relación con el uso del valenciano en la administración pública.
Sin embargo, esta oficina fue criticada por sectores que la veían como un instrumento de imposición del valenciano, especialmente en el ámbito educativo. Con la llegada al poder de Carlos Mazón, se anunció la eliminación de esta oficina y de los asesores lingüísticos nombrados sin oposición, en un esfuerzo por garantizar la libertad de elección de lengua en la educación y reducir lo que se percibía como una imposición del catalán en la Comunidad Valenciana
En el País Vasco, el partido de origen etarra, EH Bildu, en vez de proponer una policía lingüística han propuesto que el Instituto para el Aprendizaje del Euskera actúe como una especie de “policía del euskera” en los centros educativos, supervisando el uso del euskera no solo en las aulas, sino también en espacios como los comedores escolares.
Esta iniciativa busca auditar y promover el uso del euskera en todos los ámbitos escolares, lo que ha generado críticas por parte de quienes consideran que se está imponiendo esta lengua en detrimento del castellano.
Cataluña implementa medidas administrativas para fomentar el uso del catalán
El caso más destacado se encuentra en Cataluña. Es en esta región donde el surgimiento de la policía lingüística, que controle que los establecimientos y ciudadanos hablen en catalán, se debe principalmente a la promoción de esta lengua cooficial en el ámbito educativo y de la administración pública.
Cataluña, por el momento, no ha implementado de forma oficial la Generalitat ha implementado medidas para fomentar el uso del catalán y garantizar su presencia en diversos ámbitos. Pero este hecho, no significa que no exista una persecución contra los negocios que no hablen y rotulen sus carteles en catalán.
Gráfico lenguas que se hablan en Cataluña. Fuente: Stalista
El pasado 2024, el líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, quien denunció que el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, “tarda hasta 1000 días en otorgar una licencia de actividad. En cambio, ha decidido poner en marcha una policía lingüística para multar inmediatamente los negocios que no hablen en catalán. En lugar de perseguir delincuentes, el PSC se dedica a perseguir a los castellanohablantes”.
Se refiere Sirera al nuevo plan municipal de inspecciones 2024-2027 que está elaborando el Ayuntamiento de Barcelona. ERC pidió que se incluyera como objetivo “prioritario” de la actividad inspectora “el uso de la lengua catalana”, en definitiva, que se incluya “la vulneración de derechos lingüísticos” en comercios, dentro de ese plan integral de inspección. Lo defendió el concejal Jordi Castellana, quien denunció que “hay empresas y entidades privadas que niegan la atención a personas que quieren continuar hablando en castellano”, según publica El Debate.
Esta expansión de la lengua catalana como si fuera un idioma dentro de España ha generado situaciones de sectarismo. Uno de los ejemplos más llamativos tuvo lugar a principios de 2025.
Bandalismo lingüístico en Baleares
Vox Baleares denunció en enero de este año, una serie de actos que catalogaron como “intolerancia lingüística”, después de que aparecieran varios escaparates de establecimientos comerciales de localidades como son Inca y Lloseta. Los escaparates amanecieron con pegatinas que incluían el siguiente mensaje: ‘Aquest local no respecta el català’ (Este local no respeta el catalán). ¡Unas acciones reivindicadas por la entidad ‘Nolsaltres Sols!’ a través de las redes sociales.
Los autores de estas acciones reivindicaron su derecho a “no ser ciudadanos de segunda”, además de reclamar el reconocimiento del catalán como única lengua en Mallorca. Desde Vox Baleares denunciaron esta forma de actuar hacia estos comercios, comparándola incluso con las “técnicas de boicot empleadas por el régimen nazi contra comercios judíos en 1933”, aseguran en un comunicado de prensa desde la formación.
Imagen de uno de los adhesivos denunciados por los comerciantes. Fuente: Vox Baleares
El concejal de Vox en Inca y dirigente del partido en la capital de es Raiguer, Mauricio Martín, declaró que estos actos generan “una preocupante atmósfera de hostigamiento hacia los comerciantes que, legítimamente, utilizan el español en sus negocios”, añadió que “no hay cabida en España para delitos de odio. El comercio local ya sufre pérdidas por el auge del comercio on-line y actuaciones como esta debilitan aún más a nuestro tejido comercial”, declaró.
La persecución a las personas que no realizan su vida cotidiana en catalán o rotulan sus establecimientos en esta lengua puede atentar contra la libertad de expresión. Hay que destacar que no toda política lingüística es “policía lingüística”, pero cuando las medidas se aplican de forma coercitiva o desproporcionada, sí puede haber un conflicto con la libertad de expresión.
