Imagen: Anticorrupción pide al Supremo que investigue al eurodiputado Alvise Pérez por financiación ilegal. / Efe
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que impute al eurodiputado Luis Pérez Fernández, también conocido como Alvise, por financiación ilegal en su campaña durante las últimas elecciones europeas, según ha adelantado la Ser. El organismo que dirige Alejandro Luzón ha pedido que la causa quede en manos del tribunal ante el que está aforado Alvise al entender que hay indicios sólidos de que pagó su campaña de forma ilegal, cobrando 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas.
El agitador, pocos días antes de empezar su campaña electoral, acudió a la sede de las empresas de Álvaro Romillo, especializado en el sector de las criptomonedas y las inversiones, para cobrar 100.000 euros en efectivo. El propio Alvise reconoció los hechos, aunque solo dijo que había cobrado ese dinero “como autónomo” y “sin factura”. También Romillo admitió este hecho cuando su plataforma de inversiones, el Madeira Investment Club, quebró.
Anticorrupción presenta un informe
El juez citó a Alvise a declarar el pasado 20 de noviembre, pero se negó a acudir. De cualquier forma, Alvise no estaba obligado a comparecer dada su condición de aforado ante el Tribunal Supremo.
Anticorrupción ha presentado un informe este lunes en el que considera que existen indicios sólidos y bien apuntalados de que el eurodiputado recibió ese dinero de Romillo a cambio de “favores futuros”, como cambiar la legislación para que este empresario se beneficiase. “Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo, en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativa a Bitcoin, etcétera”, le dijo a Romillo, según consta en un audio que ambos se intercambiaron.
Romillo, que sí declaró ante el juez, afirma que no hubo un contrato entre ambos y Alvise nunca le dio a cambio del monto ningún servicio. Todo lo contrario a la versión del político, que difundió un vídeo después de que saliera el caso a la luz asegurando que los 100.000 euros los ganó por un “trabajo” y que lo cobró “sin factura” para evitar pagar impuestos: “El Estado me saquea más de la mitad”.
La Ley de Financiación de Partidos prohíbe las donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros al año y establece que aquellas superiores a los 25.000 deben notificarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses tras su aceptación. La Audiencia Nacional abrió una causa penal para estudiar el derrumbe de Madeira Investment Club y, en paralelo, la Fiscalía entendió que existían indicios de financiación ilegal en el cobro de Alvise, aunque terminó dejando el caso en manos de la Audiencia Nacional al haber sido la primera en abrir diligencias.
El eurodiputado se enfrenta a media docena de causas penales abiertas en juzgados y tribunales de todo el país, que ahora tendrán que ser asumidas por el Tribunal Supremo por su aforamiento como político en Bruselas.
