El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha citado a declarar como testigos al consejero delegado de Reale Seguros Ignacio Mariscal y al subdirector de la Fundación La Caiza Marc Simón Martínez, por el papel de ambas empresas como financiadoras de la cátedra de Gómez. Ambos declararán el próximo 26 de agosto a las 12:00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. Las dos entidades financian la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva creada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2020.
Peinado los cita después de que un acta de la comisión de seguimiento de esta cátedra revelara que el ejecutivo de La Caixa asistió a una de las reuniones de este órgano de manera presencial y acompañado de otros trabajadores de la Universidad Complutense.
La dotación anual que los dos patrocinadores han venido aportando desde entonces es de 126.000 euros, según los datos del Portal de Transparencia de la UCM. Esa financiación está, sin embargo, en el aire. Reale se ha desmarcado y no seguirá aportando fondos una vez que ha vencido el plazo de cuatro años comprometido.
Por su parte, la Fundación la Caixa no aclara su postura. El pasado 2 de julio, en una reunión de la comisión de la Complutense que supervisa la cátedra, Begoña Gómez dio por hecho que la entidad mantenía su apoyo. Lo hizo delante del subdirector de la fundación -Reale no asistió- ahora citado como testigo, sin que Marc Simón hiciera objeciones.
Posteriormente, la Caiza ha precisado que eso es incorrecto y que no se ha comprometido a mantener su apoyo. Lo estudiará si recibe una propuesta para ello por parte de la Complutense.
Investigación interna
En el propio convenio de colaboración que suscribió el centro universitario madrileño donde se ofertaba el máster con Reale y Fundación La Caixa se recogía un protocolo de prevención de posibles delitos que amparaba el fin de los acuerdos económicos.
Siguieron sus pasos otras corporaciones como Telefónica, Indra, Google y la Cámara de España. Entre ellas, la empresa Numintec, propiedad del presidente de Conpymes, José María Torres, que puso otros 6.000 euros adicionales. La cátedra de Begoña Gómez contó, asimismo, con la colaboración de la ONCE, Cepes o la Aef.
Mientras tanto, la UCM analiza como parte de una investigación interna si la cátedra que codirigió Gómez generó algún tipo de perjuicio económico a las cuentas del organismo académico público. Aún no hay conclusiones, pero solicitaron al juez Peinado que investigase si podría haber apropiación indebida de cara a decidir su personación o no como acusación particular en la causa.
