Imagen: Jordi Turull, secretario general de Junts-Getty Images
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha solicitado a España que le informe sobre la aplicación de la ley de amnistía a los líderes independentistas que el Supremo condenó por el ‘procés’, en el marco de la demanda que estos presentaron por vulneración de sus derechos en la causa.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Estrasburgo pide a todas las partes que le informen sobre las «consecuencias» que ha tenido la ley para los nueve condenados a penas de prisión por el ‘procés‘, entre ellos Oriol Junqueras y el secretario general de Junts, Jordi Turull, que tienen pendientes condenas de inhabilitación por malversación.
El Tribunal Supremo, sin embargo, resolvió no amnistiar el delito de malversación, al considerar que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el ‘procés’ y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas. El TEDH ha planteado esta nueva cuestión a las partes después de que Jordi Pina, abogado de Turull, le enviara un escrito para advertirle de que el Supremo no había aplicado la ley de amnistía a su cliente.
En su último informe de alegaciones, presentado el pasado mes de septiembre, la Abogacía del Estado hacía constar que las penas de prisión de los líderes independentistas habían sido indultadas y que el pasado mes de junio entró en vigor la ley de amnistía para borrar los delitos vinculados al ‘procés’. También defendió que la sentencia del “procés” fue proporcional a la gravedad del delito y negó que las condenas a los líderes del independentismo catalán respondiesen a motivaciones de carácter político.
Los independentistas denuncian la vulneración de derechos humanos
Por el contrario, en sus demandas, los líderes del ‘procés’ sostienen que la sentencia por la que el Supremo les condenó por delitos de sedición y malversación vulneró varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En concreto, alegan que fueron condenados por sedición cuando se habían limitado a alentar las manifestaciones populares a favor de un referéndum y que su encarcelamiento fue desproporcionado teniendo en cuenta que estaban ejerciendo sus derechos legítimos a la libertad de reunión y expresión.
En su escrito de respuesta al TEDH, el abogado Jordi Pina sostiene que la ley de amnistía «no ha producido ningún efecto» sobre su cliente, por lo que continúa inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta 2030. Respecto al expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el exconseller Josep Rull, quienes no fueron condenados por malversación, el abogado recuerda que siguen contando con antecedentes por delitos de desórdenes públicos y desobediencia, dado que la aplicación de la amnistía a estos delitos está pendiente de lo que resuelva el Tribunal Constitucional sobre la ley.
