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El juez titular del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña condena a un cirujano a pagar una indemnización de 1.729.229 euros a una paciente; que en 2019, cuando tenía 13 años, perdió la movilidad en las piernas tras someterse a una operación de columna en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Operación justificada pero praxis negligente.
La indemnización se abonará por las aseguradoras y subsidiariamente, por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). El juez entiende que el traumatólogo que realizó la intervención, bajo justificación ya que la paciente padecía escoliosis. Incurrió en un delito de lesiones por imprudencia menos grave; por el que le ha impuesto el pago de una multa de 5.400 euros, pues considera probado que insertó “un elevado número de tornillos de manera incorrecta en los pedículos vertebrales”.
El magistrado entiende que la paciente “padece otras graves secuelas irreversibles, comprometiendo seriamente su calidad de vida y la de sus seres queridos, con una gran afectación personal, familiar y laboral, además de económica”. En el fallo, subraya no se valora la necesidad de la intervención, ni que el centro era el centro adecuado para ello, al tiempo que destaca que en los protocolos de este tipo de operaciones no se prevé un TAC preoperatorio de la columna, tal y como defendió la acusación particular, por lo que descarta que su omisión constituya “imprudencia alguna”.
Alcance y perpetración de la lesión.
El titular del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña señala que, en la intervención, durante la que el cirujano debía “estabilizar casi toda la columna para corregir la deformidad con implantes y barras de titanio”, se produjo una caída consecutiva de los implantes, hasta en cuatro ocasiones en menos de una hora.
Además, indica que varios de los tornillos insertados en las vertebras estaban mal posicionados, tal y como reveló un TAC postoperatorio. El juez explica que, en este caso, “junto a la importante patología derivada de la doble curvatura a corregir, resulta que los pedículos vertebrales eran anormalmente estrechos en relación con la media de la población, problema no salvable con el empleo de tornillos más pequeños, pues resultó que los empleados ya eran los más pequeños que se usan”.
Mala colocación de implantes e imprudencia menos grave.
En la sentencia, se descarta que el acusado se haya comportado de manera gravemente negligente. Sin embargo, concluye que sí actuó “con imprudencia simple en cuanto a la técnica de instrumentación, por haber colocado un elevado número de tornillos de manera incorrecta en los pedículos vertebrales”.
El magistrado asegura que, a efectos de praxis está considerada, “esa defectuosa técnica de instrumentación, claramente superadora de la media de posicionamientos defectuosos en operaciones similares, es reveladora de una imprudencia, al menos de carácter menos grave”.
En la resolución , el juez descarta que los hechos hayan prescrito, pues, si bien al estar ante un delito leve el plazo sería de un año, destaca que la víctima tenía 13 años cuando fue operada. Alcanzó la mayoría de edad en 2023. Tras la modificación del artículo 132 del Código Penal, que prorrogó el plazo de prescripción de delitos cometidos contra las personas menores de edad, que fue introducida por el legislador “para otorgar mayor protección a las víctimas que lo fueron en su infancia y evitar así indeseables impunidades, sucedidas a menudo en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual”, según subraya el juez, afecta también a “otros espacios delictivos, como el de los delitos contra la integridad física, cual es el presente”. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial.
