El rey emérito Juan Carlos I, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Hidalgo
Una docena de juristas e intelectuales han presentado una querella ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I. Entre ellos, destacan magistrados jubilados del Tribunal Supremo como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, y fiscales anticorrupción también retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Entre los intelectuales, se encuentran los filósofos Josep Ramoneda y Santiago Aba. Todos ejercen la acusación popular y reclaman al alto tribunal una fianza de un euro porque, dicen, «solo tenemos el propósito de potenciar el valor superior de la justicia, los principios generales del Estado de derecho y en este caso, la igualdad ante la ley».
Los hechos por los que se presenta la querella ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, quién archivó entonces las diligencias al entender que el rey emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal. Los querellantes consideran que la excusa absolutoria utilizada por el antiguo monarca ―la regularización― no cumplió los requisitos legales para su aplicación.
El documento considera que esa regularización de más de 600.000 euros primero y de 4,4 millones de euros después no debió permitirse porque Juan Carlos I había recibido ya dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento. Por todo ello, subrayan los exfiscales y exmagistrados que no se trató de una regularización espontánea, como argumentó la Fiscalía del Tribunal Supremo para archivar en marzo de 2022 las diligencias.
Y es que sobre el rey emérito recaen investigaciones por el uso de tarjetas de crédito vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause por parte del rey honorífico y alguno de sus nietos. También por el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca y por la existencia de sociedades en paraísos fiscales. A ello, cabe sumarle la Fundación Zagatka, vinculada a su primo Álvaro de Orleans, que sufragó gastos por viajes y servicios realizados por el rey emérito.
Regularización fiscal
La ley prohíbe expresamente una regularización fiscal si antes de producirse la Agencia Tributaria o la Fiscalía han abierto una inspección o una investigación al contribuyente. Así lo recuerda la querella, que señala que el rey emérito pagó más de cinco millones de euros de las regularizaciones extraordinarias con 12 préstamos realizados por personas físicas y jurídicas. “Desde junio de 2020, el rey emérito pudo conocer a través de los medios de comunicación detalles de la investigación abierta en la Fiscalía por cuestiones relacionadas con ingresos de Juan Carlos I procedentes del extranjero que supuestamente no habían sido declarados a Hacienda”, sostiene la querella.
La querella se centra así exclusivamente en que la excusa absolutoria que utilizó Juan Carlos I ―las liquidaciones voluntarias y complementarias de unos impuestos que no pagó durante cinco años― se hizo en contra de lo establecido por la Ley, pues no se respetó “el principio de íntegra y espontánea regularización”. Recuerda, también, que el Código Penal descarta que se pueda despenalizar una conducta defraudatoria como la del rey emérito si se regulariza después de tener un conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
