Imagen: Reunión del Comité de Dirección del PP en Génova este domingo. TAREK / PP
El PP ha presentado este lunes una querella en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho, blanqueo y tráfico de influencias relacionadas con el caso Koldo. Un documento que el PP no ha querido remitir a los medios y que demuestra que la denuncia de los populares se basa únicamente en el testimonio de dos testigos anónimos que han sido publicados en el medio The Objective.
En el documento, que consta de 12 páginas, no hay más información que la grabación de esas dos supuestas personas que relatan de manera anónima que el cabecilla del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, habría hecho de intermediario con un empresario del sector de los hidrocarburos para que este consiguiera una licencia para su empresa. Ese empresario, llamado Claudio Rivas, habría pagado a cambio a Aldama 600.000 euros.
La querella recoge, en base a esos testimonios, que Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se habría reunido con Aldama y Rivas para facilitar la obtención de esa licencia. “Sobre la forma en la que se produjeron los citados pagos, se afirma que al menos una parte de la cantidad presuntamente adeudada, se habría llevado físicamente a la sede del Partido Socialista Obrero Español”, sostiene la querella del PP.
“En la grabación de la entrevista que acompaña a la noticia, el declarante manifiesta que, de los 600.000 euros acordados, ‘se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros, que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista’. Esas entregas, que se habrían realizado a ”un señor, vamos, que estaba esperando que se le entregara ese sobre’“, afirma el documento del PP.
“El pago de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE se habría realizado en dos entregas, en octubre de 2020. Un dinero que ‘fue transportado en una bolsa de plástico’”, continúa la querella, que da por buena la información y cuestiona que a esa persona que acudió a Ferraz “no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte del Sr. De Aldama, de lo que se desprende que trabajadores del PSOE conocían a este último”.
El PP incide en que la empresa de hidrocarburos acabó consiguiendo la licencia en septiembre de 2022, y concluye que se ha cometido cuatro delitos: blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos, cohecho y tráfico de influencias.
Pocas garantías de prosperar
Las fuentes jurídicas consultadas por la SER ven bastante improbable que esta querella prospere porque, a diferencia de lo que dice el PP en ese texto, advierten que no hay conexión con la causa de los hidrocarburos.
La información no va acompañada de otro dato o indicio más como documentos, fotografías, vídeos o declaraciones de trabajadores de la sede socialista de Ferraz o de supuestos receptores de la coima que apoyen el relato, por lo que para las fuentes consultadas, tomar en serio en este momento la publicación para la apertura de un procedimiento penal, resultaría “profundamente temerario”.
En la misma línea se expresan fuentes consultadas por la Audiencia Nacional quienes explican que, primero, en la Audiencia los jueces cumplen con la consolidada doctrina del Supremo respecto a que no admiten querellas basadas únicamente en informaciones periodísticas sin más datos que avalen los hechos.
En segundo lugar, estas fuentes no aprecian conexidad entre la supuesta financiación ilegal denunciada por el PP y la causa de hidrocarburos que investiga el juez Pedraz. Y tercero, resulta prácticamente imposible contrastar por el juzgado la declaración anónima a un medio de comunicación, si como sucede en casi todos los casos, el medio no revela sus fuentes.
