Imagen: Begoña Gómez, junto a su esposo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Zapata / Efe
El juez Juan Carlos Peinado interrogará como testigo en el marco del ‘caso Begoña Gómez’ al director de la asesoría jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Gabriel Ramón Navarro el próximo 18 de noviembre. Fue Navarro el que alertó el pasado julio al magistrado de una posible apropiación indebida por parte de la esposa de Pedro Sánchez al registrar a su nombre el software desarrollado en el marco del máster de Transformación Social Competitiva que codirigía.
El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha acordado esta nueva citación en una providencia en la que emplaza a Navarro a comparecer ese día a las 11:30 horas.
Para esa misma fecha, el juez ya había citado también como testigo al exconsejero madrileño Juan José Güemes, a quien una directiva del Instituto de Empresa señaló esta semana como la persona que dio la orden de contratar a la mujer del presidente del Gobierno en la institución.
El juez Peinado investiga en esta causa presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que, además de contra Begoña Gómez, se dirige contra el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la UCM Joaquín Goyache.
Querella de Manos Limpias
Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tiene pendiente pronunciarse sobre la querella presentada por una de las acusaciones populares, Hazte Oír, que le instó a investigar también por apropiación indebida a la esposa del jefe del Ejecutivo en relación a estos mismos hechos.
Aunque inicialmente Peinado descartó asumir esa investigación al desvincularla del procedimiento que instruye, la Audiencia Provincial de Madrid sí apreció el pasado septiembre esa conexidad y le apremió a pronunciarse sobre la denuncia. Algo que el magistrado podría resolver tras escuchar el testimonio de Navarro, que en ese informe se quejaba también de la «falta de cooperación» de Begoña Gómez y trasladaba al juez que sin una actuación judicial la UCM no contaba con los medios necesarios para determinar si efectivamente los intereses de la universidad resultaron perjudicados.
En ese dictamen, Navarro planteaba la posibilidad de que se hubiese producido por parte de Begoña Gómez de una apropiación indebida de los derechos de propiedad del software -una herramienta para que las empresas constatasen el cumplimiento de los objetivos de la Agencia 2030 respecto a la transformación social competitiva-, en cuyo caso se habrían «causado perjuicios al patrimonio de esta Administración Universitaria».
El informe detallaba que la universidad gastó un total de 102.848 euros en el desarrollo de «determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad» vinculados a esa «plataforma o software».
En la querella sobre la que tiene que pronunciarse ahora el magistrado, Hazte Oír atribuye a Gómez delitos de apropiación indebida, malversación, administración desleal e intrusismo profesional. Si es admitida a trámite, Begoña Gómez puede enfrentarse a una tercera citación para declarar como investigada en los juzgados de Plaza de Castilla.
