El Boletín Oficial del Estado, BOE, ha publicado una oferta de empleo público que podría ser la más ambiciosa de la historia de España.
Esta oferta de empleo público corresponde a la planificación estratégica de recursos humanos del Gobierno y busca atender las crecientes demandas de servicios públicos eficientes y efectivos, en especial en la Administración del Estado y en la Seguridad Social. La oferta incluye un total de 20.840 plazas de ingreso libre, lo que representa un aumento del 43% respecto a la reposición de efectivos del año anterior.
Así mismo, en esta oferta destacan 16.678 plazas derivadas de la tasa de reposición, 1.098 plazas para el correcto funcionamiento de nuevos servicios, y 3.064 plazas que están previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. El principal objetivo de este aumento de plazas de empleo público debajo del 8%.
Las plazas se distribuyen entre el ámbito de la Administración General del Estado, se han destinado 9 plazas para Abogados del Estado, 38 para Arquitectos de la Hacienda Pública, y 127 para Inspectores de Hacienda del Estado. Así mismo, se han incluido plazas en los sectores de la Seguridad Social con 4 plazas para el Cuerpo Superior de Actuarios y 46 para Médicos Inspectores, y en organismos de investigación como los Organismos Públicos de Investigación, con 281 plazas para Personal Científico Titular.
127 plazas para Inspectores de Hacienda del Estado
Hay que señalar que el 10% de las plazas están reservadas para personas con discapacidad, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión en el sector público. El proceso de selección se realizará las nuevas bases comunes aprobadas en virtud del Real Decreto-ley 6/2023.
En cuanto a las fases de oposición, éstas se realizarán en un año y se harán pruebas prácticas para asegurar la educación de los candidatos a las funciones a desempeñar. Con esta iniciativa el Gobierno pretende reforzar la prestación de servicios públicos, además de avanzar en la digitalización y modernización de los procesos selectivos. Todo ello, con el fin de promover la descentralización territorial.