En 2020, la Presidencia del Gobierno fue informada sobre una de las mayores tramas de corrupción recientes: el escándalo de las mascarillas relacionadas con Koldo García, vinculado a administraciones gobernadas por el PSOE. Así lo confirma un documento oficial al que ha accedido El Debate, gracias a la intervención del Consejo de Transparencia. A pesar de conocer estos hechos, el Gobierno no tomó ninguna acción al respecto.
Ante las preguntas de El Debate, La Moncloa ha admitido haber recibido cartas del abogado Ramiro Grau, que alertaban sobre esta trama. Sin embargo, las desestimaron bajo el pretexto de que se trataba de simples «sobres remitidos con recortes de prensa» y que no lograron contactar con el denunciante, pese a que este es un jurista conocido con despacho en Zaragoza, de fácil localización.
Inacción y falta de transparencia
En un comunicado fechado el 31 de julio, firmado por Beatriz Rodríguez, directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, La Moncloa reconoció haber recibido la documentación en 2020, dos años antes de que el escándalo estallara públicamente con la Operación Delorme, que derivó en la detención de 20 personas, incluido Koldo García, quien fue cercano al exministro José Luis Ábalos.
Según el abogado Ramiro Grau, envió seis escritos a La Moncloa en los que advertía sobre las irregularidades de la empresa Soluciones de Gestión, que fue adjudicataria de contratos millonarios pese a no tener actividad previa y haber facturado cero euros en 2019. Estos escritos nunca recibieron respuesta oficial, y La Moncloa justifica su inacción afirmando que no se trataba de comunicaciones dirigidas específicamente al presidente del Gobierno o a algún otro órgano competente.
Consecuencias políticas y cese de Ábalos
A pesar de las advertencias recibidas, el Gobierno no actuó hasta que el caso estalló en 2023. En 2021, José Luis Ábalos fue cesado como ministro de Transportes sin explicaciones claras, en lo que ahora se interpreta como un intento de Pedro Sánchez de protegerse políticamente del escándalo que se avecinaba.
Por su parte, Koldo García, vinculado al Ministerio de Transportes desde 2018, acumuló más de 200.000 euros en sueldos públicos durante su tiempo como asesor. Además, se le acusa de haberse enriquecido con comisiones obtenidas por la venta de mascarillas durante la pandemia. A pesar de los esfuerzos por ocultar detalles, La Moncloa ha sido obligada por el Consejo de Transparencia a admitir parte de su conocimiento sobre el caso, aunque ha cumplido de forma parcial con la resolución.
Implicaciones y futuro del caso
El documento publicado por El Debate cuestiona el momento en que Pedro Sánchez supo realmente de la trama y si el cese de Ábalos fue un intento de controlar los daños políticos. La falta de transparencia por parte del Gobierno sigue siendo un tema central, y el caso continúa poniendo en el punto de mira no solo a Koldo García, sino también a personas cercanas al presidente.
